SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los promotores del Manifiesto del REF han pedido al Gobierno del Estado que adapte las medidas fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para "evitar inseguridad jurídica, la perdida de empresas y, por ende, la pérdida de empleos" en el Archipiélago canario.
Así lo han expuesto en rueda de prensa Orlando Luján Mascareño, delegado del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); Salvador Miranda Calderín, director de la Cátedra del REF, y Samuel Cruz Palenzuela, decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife
Orlando Luján explicó que desde abril de 2020 están esperando a que se aclaren y resuelvan temas importantes vinculados con el REF, entre ellos la flexibilización de los plazos para la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que, de no producirse, "supondría la devolución de importantes cantidades a la Administración, por los autónomos y empresas, que no llegarían a invertirse en el Archipiélago".
Según dijo, "tras la pérdida de más de 6.000 millones de euros en el PIB en el Archipiélago, Canarias no se puede permitir la pérdida de inversiones que sostengan el tejido empresarial y el empleo".
Por ello, solicitan que el legislador establezca "con rotundidad" que las empresas que han parado su actividad por causas sobrevenidas no se vean afectadas por los incentivos fiscales, indicó Salvador Miranda, para quien también afecta a la economía canaria la nueva interpretación del Ministerio de Hacienda que deja fuera a las empresas que realizan operaciones de comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC), "lo que conlleva pérdida de empresas internacionales, de puestos de trabajo y desmotiva que vengan otras empresas a Canarias".
Los promotores del Manifiesto del REF reconocen que se han hecho algunos cambios desde 2020, como las deducciones al sector audiovisual, pero "no se ha ido al fondo de muchas de las cuestiones que preocupan al tejido económico de las Islas, no solo no se han adecuado las medidas fiscales a la realidad económica actual de Canarias, sino que muchos aspectos de las normas no son lo suficientemente claras y genere mucha incertidumbre", aseguran.
En este sentido, Luján explicó que son muchas las empresas que podrían invertir utilizando mecanismos como la RIC, si se aclarara y adaptara el marco normativo dotándolo de seguridad jurídica, y otras podrían dejar de hacerlo si temen acabar discutiendo en los tribunales. Y, añade Luján, "aunque los jueces le puedan finalmente dar la razón al empresario, pueden pasar más de diez años para ello".
Los representes de las decenas de instituciones y entidades que han firmado el Manifiesto REF intentarán reunirse tanto con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como con el nuevo secretario de Hacienda del Ministerio, Héctor Izquierdo. "Si no tenemos seguridad jurídica, ponemos en peligro nuestras empresas, el empleo y la economía de Canarias", aseguran.
A la rueda de prensa también asistieron el delegado territorial de la AEDAF, Jaime Cabrera; el presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias (AAFC), Juan Luis Alayón García; y el decano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho Lemes y Jose Luís Casajuana, decano del Colegio de Economistas de Tenerife.
