LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) ha pedido hoy al Gobierno de Canarias que lleve a cabo la liberalización del stock de viviendas libres en las islas y que las incluya en el Plan de Vivienda.
Así lo manifestó hoy la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil, tras haber mantenido una reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero para trasladarle las demandas del sector.
Gil destacó que "no son las viviendas las que tienen que protegerse, que se tiene que proteger al ciudadano que es el sujeto pasivo". Por tanto, con esta medida se "cubriría el fin social" de estos inmuebles, "el Gobierno además ejecutaría su Plan de Vivienda y los empresarios verían su techo de riesgo bastante aliviado".
En este sentido, la presidenta de la patronal aseguró que Rivero "ha llamado directamente al director del Instituto Canario de Vivienda, Jerónimo Fregel, y nos vamos a poner en marcha".
"En este momento hay viviendas que encajan dentro de lo que se llama el Régimen General Concertado, es decir, que el Plan de Vivienda tiene en estos momentos instrumentos y herramientas que harían posible el que esas viviendas se incorporaran sin que suponga una financiación adicional por parte del Gobierno", dijo Gil.
Asimismo, la portavoz de los constructores y promotores indicó que se está llevando a cabo un estudio "para hacer un análisis mas riguroso" pero que en torno al "10 por ciento de las viviendas a nivel nacional que están sin vender son las que corresponden a Canarias, unas 90.000 viviendas".
De esta manera, Gil resaltó que en "Canarias el desempleo que genera la no producción de viviendas es mucho mayor, porque cada vivienda genera 2,4 puestos de trabajo".
María de la Salud Gil apuntó que durante el encuentro también se presentaron propuestas en "relación a la inversión pública". "Le hemos dicho que no basta con que se invierta desde las administraciones públicas, sino que luego tienen que haber una serie de mecanismos que posibiliten que esa inversión sea eficaz como un sistema ágil de pagos", señaló.
"Nada de lo que hagamos, ni de lo que digamos ni los empresarios, ni los sindicatos, ni el Gobierno será posible si la banca no flexibiliza su actitud", sentenció Gil quien destacó que esta fue la cuestión más favorable tratada en la reunión.
En este sentido, Gil aseveró que Rivero mostró su compromiso de ponerse "en contacto con las entidades financieras para decirles que una vez que se ha firmado el pacto social digan si están o no dispuestas a aportar y a hacer una pequeña renuncia individual de sus intereses e incorporarse a ese pacto social financiando las propuestas que desde el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria se están llevando a efecto".
DEVOLUCIÓN DE AVALES
Con respecto a los asuntos relacionados con Economía y Hacienda, la presidenta de la AECP solicitó al presidente canario "instrumentos muy concretos para la devolución de avales", pues esto "aliviaría muchísimo el techo de riesgo financiero de las empresas que están durante años pagando unos avales que no tienen sentido".
En este aspecto, Rivero se comprometió a "hacer un plan de choque para devolver esos avales y generar un sistema fluido de devolución".
"A parte de eso le hemos pedido que batalle con el Ministerio tanto de Turismo como de Hacienda porque no está llegando un duro de incentivos regionales a Canarias, hay empresarios del sector inmobiliario turístico, del sector del ocio de la mejora de hoteles que no están recibiendo una respuesta positiva por parte del Gobierno", sentenció.
Según ella, esto se debe a que "hay tecnócratas insensibles que no conocen Canarias y que hacen interpretaciones extrañas de lo que son los incentivos regionales".
Además, le solicitaron al dirigente autonómico que de luz verde a la "cooperación público-privada". "Le hemos vuelto a decir que estamos dispuestos a participar asumiendo riesgos importantes en las obras hidráulicas, en las carreteras, en los convenios, el ha confirmado que en las 21 medidas que solicitó al Gobierno de la Nación está incluida", aseveró Gil.
Finalmente, la presidenta de la patronal anunció que el presidente canario los ha vuelto a citar en un plazo de 15 días con el objetivo de "repasar las respuestas a todas las solicitudes".
