Santana apela a no caer en el "alarmismo" con los centros de mayores y defiende el 'plan de cuidados' de 122 millones

Archivo - La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana
Archivo - La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
Publicado: martes, 14 septiembre 2021 13:34

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha pedido este martes no caer en el "alarmismo" sobre la situación de las residencias de mayores en el archipiélago a raíz del informe extraordinario de la Diputación del Común que revela graves deficiencias en una muestra de 25 centros.

En un tenso 'cara a cara' en comisión parlamentaria con la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, la consejera ha vuelto a señalar que conocieron el informe hace pocos días y que, no obstante, han aumentado el número de inspectores --ha pasado de dos a cinco y llegará a 11-- y habrá más fondos para infraestructuras sociales.

Santana, que se ha referido a Espino como "diputada tránsfuga" y la ha acusado de abrir un debate "absurdo y miserable" que nos respondía al motivo inicial de la pregunta, ha abogado por mirar al "futuro" y "combatir" lo que se esté haciendo mal en los centros actuales.

Además, ha valorado la próxima puesta en marcha de un 'plan de cuidados', tras la firma de un convenio con el Estado, dotado con 122 millones de euros de los que 72 millones van a ir directamente a la mejora de los centros sociosanitarios y el aumento de plazas --la Diputación del Común solicita unas 12.000--.

Espino, por su parte, ha preguntado "qué falló" para que el informe de la Diputación del Común no llegara a la Consejería --no se devolvieron dos cartas-- ni a la Fiscalía ni se debatiera en comisión y ha exigido saber si las deficiencias detectadas en algunas residencias se han subsanado porque la adjunta a la Diputación y autora del informe, Milagros Fuentes, ha dicho que no.

Además, ha criticado el "retraso" en la ejecución del plan de infraestructuras sociosanitarias y pedido el cese del director general de Discapacidad y Dependencia, Miguel Montero, por las malas cifras.

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