Los vecinos de Cho Vito (Tenerife) levantan su huelga de hambre ante la ampliación del plazo para el desalojo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los seis vecinos del poblado marinero de Cho Vito, en Tenerife, que permanecían en huelga de hambre por la demolición de sus viviendas, han decidido levantar la huelga que mantenían desde el 1 de septiembre tras conocer la ampliación del plazo --del 20 de septiembre al 30 de noviembre-- para la ejecución de las resoluciones de desalojo.

"Nos reunimos ayer por la tarde los seis que estábamos en huelga de hambre para, en vistas del nuevo plazo para demoler Cho Vito, levantar la huelga. Vimos que hemos ganado un plazo, hemos logrado que se pongan de acuerdo y se tomen decisiones políticas y no judiciales", explicó a Europa Press el portavoz de los vecinos, Tomás González.

De esta manera, señaló que en este asunto están implicados la Administración del Estado, la Autonómica y la Insular, haciendo especial hincapié en que los propietarios de las casas quieren participar en las decisiones que se puedan tomar.

"Las decisiones --añadió-- no tienen que ir en el sentido de la propuesta de la Demarcación de Costas de Tenerife de entrar y terminar con Cho Vito, o de la propuesta del alcalde de alojarnos en una casita de alquiler... Nosotros nunca hemos visto ningún documento, son palabras sin contenido".

Aquí, no entendió cómo las administraciones pretenden meter a un propietario de una vivienda en una casa de alquiler o de protección social. "Ahora tenemos 70 días para trabajar y buscar la solución más satisfactoria para la gente", matizó.

González señaló que este tiempo permitirá hablar y que no se tomen decisiones unilaterales sin que los vecinos sean partícipes.

SETENTA DÍAS MÁS

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las administraciones canarias han acordado sobre la recuperación del dominio público marítimo terrestre en la playa del Cho Vito (Tenerife) ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el 30 de noviembre.

En un primer momento los vecinos tenían hasta el 20 de septiembre para desalojar. El MARM en un comunicado justifica que su decisión de retrasar la aplicación de la normativa está en "arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados".

De igual forma, las administraciones han acordado adoptar la "máxima coordinación y cooperación" para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la "mutua asistencia" en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del dominio público marítimo terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, "sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia".