SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El viepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC), ha dicho este martes que la subida del precio de la luz en España es "una auténtica vergüenza, una canallada" por lo que insta al Estado y a las Cortes Generales a "intervenir".
En una entrevista concedida a 'Canarias Radio La Autonómica' y recogida por Europa Press, ha comentado que no "parece razonable que un bien tan básico para la vida de la gente y las empresas tenga esta evolución de los precios artificial e interesada".
Así, ha insistido en que el Estado "tiene que intervenir" porque el mercado eléctrico está "manipulado" y "trucado" y los precios no se pueden justificar dado que funcionan "al revés" pues no se entiende que suban cuando hay más capacidad de producción.
"Es inaceptable, las Cortes deben intervenir y si hace falta, que nacionalicen las eléctricas, está justificado", ha comentado.
En el caso concreto de Canarias, ha indicado que su Ejecutivo no tiene margen para intervenir aunque ha reconocido que al archipiélago se le trata "bien" pues aunque los costes de producción son más altos en las islas los consumidores pagan lo mismo gracias a una transferencia anual de 800 o 900 millones.
Por ello, ha insistido en que el control de los precios "es un asunto del Estado" y por ello "tiene que haber una intervención pública con la Constitución en la mano para parar esta locura, es un escándalo sin paliativos".
En cuanto al repunte en la llegada de migrantes a Canarias, ha comentado que desde África saldrán "millones de personas en los próximos años" ya que es un continente muy poblado, "expoliado", y afectado por las guerras y el cambio climático.
En ese contexto, ha señalado que Canarias es "frontera sur" de España y la Unión Europea por lo que apela a convencerles de que "hay que actuar en origen" para generar una condiciones de vida dignas en esos países aunque no sea "fácil ni rápido".
Sobre la acogida, ha valorado que los adultos se hayan derivado a Europa y otras comunidades gracias a la "presión" ejercida en Canarias en los últimos meses y ahora sostiene que se debe hacer lo mismo con los menores "para atenderlos dignamente y de forma compartida" --ahora mismo hay unos 2.500 bajo la tutela de la comunidad autónoma--.
