La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha valorado hoy que 9.668 personas con prestación reconocida (a fecha de 31 de mayo) se beneficiarán de las reformas de la Ley de Dependencia y de Discapacidad.
Arraiz ha ofrecido una rueda de prensa tras la entrada en vigor de las modificaciones de ambas leyes, que suponen, ha dicho, "una ampliación de los derechos".
Así, ha dicho, se amplía la cartera de derechos y se refuerza la prestación estatal. De este modo, las personas con un Grado I pasan de 76 a noventa euros; las de Grado II de 130 a 260; y las de III de 290 a 660 euros.
"El gran cambio", ha dicho, "es que sitúa a las personas en el centro". Además, ha destacado, "desaparecen las incompatibilidades", de forma que una persona que tenga una ayuda a domicilio también podrá acceder a la teleasistencia o a un centro de día.
También se reconocen "nuevas realidades familiares, es decir, la reforma reconoce como cuidadores a personas que aunque no tengan un parentesco legal de familiar desarrollen realmente esa función de cuidador, como parejas no casadas, personas convivientes, o redes de apoyo que puede haber alrededor de esa persona".
Otro cambio es que la asistencia personal deja de limitarse al domicilio y podrá acompañar al paciente al médico, a realizar compras, a participar en actividades sociales o a desarrollar una vida independiente.
Las comunidades autónomas deberán resolver las prestaciones en un máximo de tres meses, frente a los seis actuales.
Por otro lado, se garantiza, por ley, que el Gobierno central financie el cincuenta por ciento. Un compromiso que "no acabó de aterrizar" y, ahora, "está por ley".
Además, se aprueba la 'pasarela', por la que se reconocerá automáticamente un 33 por ciento de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 por ciento de discapacidad.
Por otro lado, ha destacado el reconocimiento automático de discapacidad vinculado al grado de dependencia; la accesibilidad universal como derecho exigible, el programa estatal de accesibilidad; el derecho subjetivo a la atención temprana, la prohibición de discriminar en los seguros por razón de discapacidad y el acceso a facilitadores procesales para garantizar el acceso efectivo a la Justicia.
Otra novedad importante es que la reforma incorpora por primera vez una protección reforzada para las mujeres y niñas con discapacidad, que sufren una mayor exposición a la violencia, la discriminación y las múltiples formas de exclusión.
La ley integra la perspectiva de género en las políticas de discapacidad y refuerza la respuesta de los poderes públicos frente a la violencia de género, la violencia sexual y otras formas de violencia que afectan de manera específica a las mujeres y niñas con discapacidad.
Por último, las administraciones estarán obligadas a facilitar económicamente las obras necesarias para eliminar barreras. Para ello se creará un Programa Estatal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones etcétera.
