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El BOR publica que la repetición del examen de celadores al SERIS se celebre el próximo 16 de septiembre

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publicó hoy que el examen de celadores del SERIS se celebre el próximo 16 de septiembre, a las 17:00 horas, en el edificio Quintiliano de la UR, según una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud, fechada el 16 de agosto.

En el texto oficial se señala que este ejercicio fue convocado mediante resolución de 16 de noviembre de 2005, si bien con otra resolución de 14 de agosto de 2006 de la Dirección General de Recursos Humanos Sanitarios "se anuló el ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión de plazas de celadores y de todos los actos posteriores al mismo, y se retrotrajeron las actuaciones al momento anterior a la celebración del ejercicio de la fase de oposición".

Se indica que todos los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad.

Además se señala que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición, ante el director general de Recursos Humanos Sanitarios de la Consejería de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. También se puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

INFORME DEL FISCAL

El pasado 19 de julio se conoció que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Juan Calparsoro, decidió archivar de forma provisional la denuncia presentada por los sindicatos contra el proceso de oposiciones a celador del Servicio Riojano de Salud, ya que si bien afirma ver "indicios de delito" en el procedimiento, señala que "no se puede ejercer acción penal contra persona alguna, por falta de autor conocido".

El escrito de la Fiscalía, el proceso se remonta al 16 de noviembre del año pasado, cuando se convocó por parte de la Consejería de Salud el concurso-oposición para 10 plazas de celadores del SERIS -8 de turno libre y 2 de reserva para discapacitados-. El 15 de marzo de este año se designó el tribunal calificador que, se reunió el día 22 de abril para realizar las preguntas del examen.

El escrito describía cómo se realizó este proceso de selección, impresión, embalaje y traslado de los exámenes, que se realizaron el mismo día, de 17:45 a 19:45 horas, y que, posteriormente, tras ser revisada la documentación, se introdujeron en una caja, que fue precintada y guardada en un cuarto con puerta blindada en la Consejería de Salud.

Una vez realizada la corrección del examen, el día 28 de abril, y decidido por el tribunal que sólo aprobaría un número de opositores igual al de plazas, se publicó la lista de los aprobados, que se limitó a 8 personas por el turno libre y dos por el turno de discapacitados.

Días más tarde, el 2 de mayo, los sindicatos UGT, CC.OO., STAR, CSI-CSIF y CEMSATSE presentaron denuncia en la Fiscalía, a lo que siguieron 129 denuncias a título individual de otros tantos opositores. Todas las denuncias reclamaban la determinación de si se habían filtrado las preguntas del examen "o cualquier otro proceder" que haya influido en el resultado de la oposición "y que se haya cometido delito que lleve a la anulación total del proceso".

El día 8 de mayo, sigue detallando el escrito del fiscal, se incoaron diligencias, por si se hubiera dado delito de revelación de secretos por funcionario público, delito de descubrimiento y revelación de secretos por particulares o funcionarios públicos u otro tipo penal. Se tomó, para ello, declaración a los miembros del tribunal, a los 10 aprobados y al entonces consejero de Salud, Pedro Soto, entre otros.

Tras estas actuaciones, a juicio del fiscal, "la vinculación familiar o personal de los ocho opositores aprobados en el turno libre con autoridades y/o funcionarios de la administración autonómica es clara, así como el hecho de que, entre la totalidad de los opositores presentados -casi 500- es difícilmente entendible, si no imposible, el hecho de que hayan obtenido la puntuación más alta precisamente esas personas, máxime cuando sólo una trabaja en Sanidad".

Sin embargo, indicó que "no se ha podido averiguar la manera" en en que el contenido del examen del turno libre pudo ser conocido, pero considera que "sin tener pruebas de certeza, sí existen indicios racionales de que se produjo alteración ilícita en el desarrollo del proceso de las oposiciones que benefició a los opositores que obtuvieron la puntuación más alta en ese turno, con evidente perjuicio antijurídico para los demás opositores".

Por ello, concluyó que "existen indicios que evidencian que, en el proceso de la oposición, existió un delito de revelación de secreto, o un delito de falsificación documental y/o de prevaricación, si por alguien del tribunal se realizó estas conductas". Con todo, dice que "corresponde al tribunal de las oposiciones y, en definitiva, a la propia administración convocante controlar la limpieza del procedimiento y utilizar los mecanismos adecuados para corregirlo".

Así, el fiscal decide remitir copia de su decreto a la Consejería de Salud, "con el fin de que, en el ejercicio de sus competencias y funciones proceda a acordar, de acuerdo con la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico y la legislación administrativa, lo que corresponda sobre la anulación del proceso de examen de la oposición para el acceso por el turno libre a ocho plazas del personal estatutario fijo en categoría de celador del SERIS".

En definitiva, resumía finalmente el escrito que "se desprenden evidencias de una vinculación personal, familiar y laboral de los opositores aprobados en el turno libre con personas de la Consejería o de la administración, de la que se deduce racionalmente con alta probabilidad que, en el proceso de selección en la fase de oposición, pudo existir una acción de revelación de secreto con carácter delictivo, o una falsedad documental o prevaricación consistente en cambiar los exámenes una vez realizados".

"La imposibilidad de conocer la identidad del autor o responsable del delito impide en este momento dirigir la acción penal contra persona alguna. Teniendo en cuenta los indicios racionales de delito, pero también la ausencia de datos suficientes sobre la identidad del autor, la Fiscalía no puede ejercer la acción penal contra persona alguna y acuerda el archivo provisional de las diligencias informativas por falta de autor conocido", finalizó el escrito.

SALUD ORDENA REPETIR EL EXAMEN

También el día 19 de julio, la Consejería de Salud, emitió una nota informativa en la que decidió repetir el examen. El comunicado señaló que "de acuerdo con los compromisos que se han adquirido por el Gobierno riojano en distintos foros", una vez ha sido emitida la resolución judicial del fiscal jefe, Juan Calparsoro, "y a pesar de que el Fiscal ha archivado el caso, ha tomado la decisión de resolver el recurso administrativo, ordenando la repetición del examen celebrado el pasado 22 de abril".

Salud proseguía el comunicado entiende que el fiscal "ha puesto en tela de juicio el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

Por este motivo, con esta decisión, la Consejería de Salud "vela, una vez más, por la seguridad jurídica de los procesos de selección de su personal y garantiza los derechos de todos los riojanos".