LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
Profesionales por la Ética denunció el incumplimiento por parte del Gobierno de La Rioja de los compromisos asumidos con los objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía y calificó de "incongruente" su postura por obligar a los padres "a mantener abiertos los pleitos judiciales".
El consejero de Educación riojano, Luis Alegre, anunció hoy que el Gobierno regional permitirá a un total de 33 alumnos no cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía el próximo curso, mientras los padres esperan una respuesta judicial a su petición, algo que hasta ahora sólo ha ocurrido en un caso. La Consejería ha recibido 142 solicitudes de objeción, de las que sólo una se ha concedido por fallo judicial.
Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, denunció la postura "incongruente" del Gobierno de la Rioja que, según dijo, "obliga absurdamente a los padres a mantener abiertos unos pleitos judiciales, con todo lo que ello supone, cuando ya se sabe cuál va a ser el resultado".
En este sentido, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ya ha dado la razón a los padres "con argumentos universales que son aplicables a cualquier supuesto de objeción a Educación para la Ciudadanía y por eso no se entiende esta resistencia de la Administración riojana a aceptar la nueva situación".
Tras pedir una rectificación "urgente" al Gobierno riojano, Urcelay, argumentó que el fallo de la sentencia "debe extenderse a todos los padres objetores, que tienen derecho a que sus hijos queden exentos de cursar la asignatura sin necesidad de esperar a nuevos fallos judiciales particulares".
Además, incidió, esta exención debe ser aplicada "a todas las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía, tal y como establece la sentencia". "Estamos hablando de una cuestión de derechos fundamentales en la que no cabe inventarse restricciones", concluyó.
