Gestha cifra en más de 400 millones las facturas sin pagar de la Comunidad de La Rioja y sus ayuntamientos

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) instaron hoy al Ejecutivo a que apruebe con "carácter de urgencia" la ley que permita que los más de 400 millones de euros que la Comunidad de La Rioja y sus ayuntamientos adeudan a las empresas puedan compensar los pagos del Impuesto de Sociedades y del IVA, con el fin de "aliviar sus dificultades de liquidez". En el conjunto de las Administraciones Públicas del Estado esta deuda asciende a 12.400 millones de euros.

En su defecto, Gestha solicita que estas "obligaciones reconocidas pendientes de pago" tengan la consideración de "aval suficiente" para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos, puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda eximiendo a ambas partes del pago de los intereses de demora previstos por ley, indicó Gestha en un comunicado.

Gestha aseguró que estas figuras de "compensación" y "garantía" permitirían inyectar liquidez a las empresas, aliviando sus dificultades de tesorería, que se han visto "agravadas en este último año por las fuertes restricciones crediticias impuestas por las entidades financieras y que están llevando a muchas sociedades, hasta ahora solventes, a echar el cierre por falta de financiación y circulante para pagar a sus empleados".

Los Técnicos de Hacienda explican que las comunidades autónomas y las corporaciones locales están generando un "grave problema de liquidez a las empresas por los altos retrasos en sus pagos". Según un informe de Intrum Justitia, el sector público español tarda más de 145 días en saldar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en Europa y, a pesar de la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos ante el juzgado, por temor a verse relegados en su trato con la Administración.

Según el consejero de Gestha, Javier Sánchez, "no tiene sentido en la situación de crisis actual que las Administraciones Públicas adeuden más de 12.300 millones de euros y Hacienda de la puntilla final, obligando a las empresas a pagar, previamente y bajo amenaza de embargo, más de 5.600 millones por el IVA y el Impuesto de Sociedades por las facturas de unos servicios y beneficios que aún no han cobrado".