Piden tres años de prisión para dos hermanos acusados de insolvencia tras impedir el embargo de sus empresas

LOGROÑO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión para cada uno de los dos hermanos a los que se acusa de insolvencia punible, después de que, durante un periodo de casi tres años, impidieran el embargo de sus empresas. El juicio se celebrará el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño.

De acuerdo con el escrito del fiscal, los dos acusados -P.J.O.M. y F.O.M.- eran socios y administradores solidarios de la mercantil 'Hijos de Faustino Ortiz' y se encargaban materialmente de la administración de las sociedades 'Faustino Ortiz' y 'Ortizotecnia', todas ellas ubicadas en Baños de Río Tobía.

Desde 1994, estas dos últimas sociedades entraron en liquidación, tras lo que, en varios autos y providencias, se dictaron una serie de cantidades derivadas de las costas de este proceso, que no se hicieron efectivas en ningún caso.

Según el escrito de la Fiscalía, "como los embargos habrían de alcanzar los créditos que ostentaban las dos empresas con otras sociedades", los acusados redactaron dos documentos "por cuya virtud los créditos que integraban el activo de las sociedades dejaría de ser exigibles a su vencimiento, en diciembre de los años 1998 y 1999, y ejecutables en un corto periodo de tiempo, por lo que se haría ilusiorio el embargo trabado sobre dichos derechos de crédito".

Así, en dos documentos de junio y de diciembre de 1996, se prorrogó por veinticinco años el contrato de préstamo que las sociedades liquidadas con la empresa 'Hijos de Faustino Ortiz', de tal modo que, en julio de 1996 y en enero de 1997, se intentó el embargo de las sociedades, no se pudo hacer efectivo "al tratarse de un préstamo entre ambas mercantiles con vencimiento a largo plazo".

Los hechos fueron denunciados en el Juzgado de Instrucción en enero de 2002 y, para el fiscal, constituyen un delito continuado de insolvencia punible, del que son autores los acusados, para cada uno de los que se piden, por ello, tres años de prisión y multa de veinte meses, con una cuota diaria de 2 euros, además de la anunlación de los contratos de renovación y prórroga de los préstamos.