LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional del PSOE Inmaculada Ortega aseguró hoy que 10.000 riojanos que viven fuera de España se beneficiarán de la Ley del Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, cuyo proyecto se aprobó el pasado 13 de enero en el Consejo de Ministros.
A ello sumó que esta norma está "a punto" de entrar en el Parlamento de la nación de cara a su tramitación para que "se convierta" en Ley a principios del verano.
Explicó que este Estatuto "intenta regular con la categoría de derechos sociales y no de prestaciones, los derechos constitucionales que tenemos reconocidos los españoles que residimos en el territorio pero que hasta ahora no todos estaban bien regulados para los residentes en el exterior".
Ortega destacó, en este sentido, el derecho al voto, los derechos sociales y prestaciones sociales, los derechos en materia de empleo y los de educación, cultura y retorno.
Respecto al voto, la Ley pretende que "se pueda garantizar en todos los lugares en los que sea posible por medio de urnas", de manera que se "igualen las elecciones con los que viven en España" para "garantizar la transparencia y efectividad" de las consultas. Señaló que antes también lo tenían reconocido "pero era muy farragoso el procedimiento".
Para ello, precisó que se va a "actualizar" anualmente el censo electoral "como sucede en España" y posteriormente el Gobierno "realizará un gran esfuerzo para que las urnas lleguen a los mayores sitios posibles donde viven españoles en el exterior".
En el caso de La Rioja, señaló que de los 10.000 residentes en el extranjero (5.200 en América del Sur, 1.500 en Europa, y el resto repartidos por todo el mundo), 7.000 tienen derecho a voto. De estos, en las últimas elecciones autonómicas del 2003 fueron 1.579 los que ejercieron su derecho; en las generales del 2004 aumentaron hasta los 2.243; mientras que ese mismo año, en las europeas, ejercieron su voto 1.922 riojanos en el exterior.
En cuanto a los derechos sociales, Ortega afirmó que "quedaban a discrecionalidad de las comunidades autónomas y del Gobierno" por lo que ahora se va a regular para que personas en situaciones de necesidad, de precariedad económica, de pensiones insuficiente o incluso de asistencia sanitaria tengan "las misma prestaciones".
Para ello, se ha consignado una partida de 154 millones de euros, de las que el 88 por ciento corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el resto tanto el de Asuntos Exteriores como a Educación.
En este sentido, precisó que con las comunidades se llegará "a acuerdos mediante convenios" para que en materia de prestaciones sociales y derechos sociales "tengan la última palabra de cara a que los gestionen".
También indicó que se tiene previsto que crear la Oficina Española del retorno, que se encargará de facilitar a los españoles que vuelven de países con crisis "el conocimiento e información de sus derechos".
Ortega afirmó que la Ley "esta consensuada" entre otros organismos, con el Consejo General de la Inmigración, los consejos de residentes, del visto bueno del Consejo Económico y Social, y asociaciones de inmigrantes y retornados.
Con respecto a las críticas del Gobierno regional sobre que no "se consensuase" con las comunidades autónomas indicó que el Ejecutivo riojano, "en vez de felicitarse", siempre pone "piedras en el camino que tapen y obstaculicen la labor del Gobierno de la nación".
Aseguró que es un proyecto de "los más consensuados" y que en el tramité parlamentario "se podrán hacer enmiendas y consideraciones oportunas", así como a la hora de establecer los convenios con las comunidades autónomas, por lo que concluyó diciendo que "no hay motivo para la queja".
