LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular y del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ratificó hoy que La Rioja "no va a subir los impuestos" (tal y como indicó ayer el consejero de Hacienda y Empleo, Juan José Muñoz), al tiempo que indicó que "vamos a poner encima de la mesa, la lealtad institucional como valor y elemento fundamental de relación entre comunidades autónomas y entre gobiernos".
Sanz realizó estas manifestaciones durante la comparencia pública tras la reunión que mantuvieron las directivas del PP de La Rioja y Cantabria en Logroño. El máximo dirigente popular y de la comunidad riojana afirmó que "aquel que toma una medida, carga con ella" y "si quiere rebajar el Gobierno de España los impuestos, y eso repercute en menos ingresos a las Comunidades Autónomas, tendrá que compensarlas".
Indicó que para bajar los impuestos "ya estoy yo" y "no le pido que con mis decisiones de bajada de impuestos, que me pague usted". Manifestó que "no puede permitirse" que "con sus decisiones políticas sea yo quien cargue con las consecuencias que de tener menos ingresos la Comunidad Autónoma de La Rioja".
El presidente del Ejecutivo regional fue más allá y señaló que "no podemos permitir un Gobierno sea intervencionista" y se dedique a tomar decisiones en las Cortes Generales y en el Consejo de Ministros que "atenten" a los ciudadanos de cada comunidad y que "trasladen una decisión política" como "por ejemplo una bajada de impuestos" que "obligue a las Comunidades Autónomas a que asuman esa bajada de impuestos con menos ingresos".
El máximo dirigente popular y de la comunidad riojana indicó que "no se puede permitir" que en el sistema de financiación autonómica "se diga que el Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas que va a bajar el Partido Socialista, se indique que los costos de lo que suponga menos ingresos sea a cargo de los ciudadanos"
Sanz indicó que con estas afirmaciones quería lanzar un "canto cada día más fuerte" a la "defensa de los derechos que tienen todos los territorios" ya que "no podemos permitir" que el Gobierno de España "provoque una involución" en las competencias de las Comunidades Autónomas.
