Archivo - Las dos concejalas de VOX en Logroño, María Jiménez y Patricia Lacarra (archivo) - VOX LOGROÑO - Archivo
LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de Vox ha presentado un total de 19 enmiendas al proyecto de Ordenanza Reguladora de Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Logroño al considerarlo "incompleto e inseguro". Entre ellas, desde VOX exigen tener en cuenta "la vinculación o el arraigo efectivo del solicitante con el municipio" con el objetivo de que las medidas lleguen "a quienes realmente las necesitan".
"Queremos que la ordenanza establezca expresamente que la asignación de todas estas ayudas se atienda prioritariamente a ciudadanos españoles y a personas que acrediten una vinculación real, duradera y verificable con Logroño porque son los que contribuyen principalmente a las arcas de este Ayuntamiento".
Así lo han defendido las concejalas de Vox, María Jiménez y Patricia Lacarra, recordando "que los recursos públicos son finitos" y se deben administrar "con responsabilidad" y con criterios "claros, objetivos y verificables". Por tanto, insisten, "prioridad nacional, vinculada al arraigo real y acreditado en nuestro municipio".
En concreto, María Jiménez ha explicado que en la ciudad "hay muchísimas familias que no llegan a fin de mes, personas mayores que tienen dificultades para pagar los suministros, padres que atraviesan una situación económica complicada y que llevan pagando sus impuestos toda la vida pero de repente tienen un problema que no pueden resolver con sus propios medios. Estas personas desde luego necesitan una respuesta rápida, eficaz y justa por parte de nuestro ayuntamiento".
Por eso desde VOX consideran que "hay que establecer prioridades en su asignación" porque "la solidaridad no consiste en prometer que todo el mundo pueda recibir de todo sino en garantizar que los recursos disponibles se dirigen con criterios claros a las necesidades que deben atenderse prioritariamente".
"Y este es el espíritu de todas nuestras enmiendas, introducir criterios de prioridad, reducir márgenes de discrecionalidad y reforzar los mecanismos de control".
En este sentido, prosigue Jiménez, "queremos una regulación más clara, más exigente y más útil para todos los vecinos de Logroño".
Piden así que se tenga en cuenta esa vinculación efectiva de cualquier solicitante con nuestro municipio "y que no trate exactamente igual a una persona que lleva una residencia recién iniciada aquí que a otra que lleva una relación estable, duradera y acreditada con Logroño".
DE CUATRO A DOCE MESES
De esta manera, desde Vox explican que el proyecto presentado contempla un periodo mínimo de residencia de 4 meses en la ordenanza "y nuestra propuesta es elevarlo a 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud y establecer como regla general la acreditación mediante el empadronamiento histórico".
Defienden esta postura porque "cuatro meses nos parece un periodo bastante insuficiente para acreditar esa vinculación estable con nuestra ciudad".
Desde VOX aseguran que "no estamos hablando de impedir que alguien solicite una ayuda de emergencia real sino de establecer reglas claras que permitan determinar de una forma objetiva quién cumple los requisitos y qué criterios deben aplicarse cuando hay más solicitudes que recursos disponibles".
Por su parte, Patricia Lacarra ha defendido que la ordenanza debe establecer "unas prioridades claras. No podemos dejarlo toda la improvisación o la interpretación que se haga de cada expediente" porque los logroñeses "deben conocer las reglas y la administración debe aplicarlas de forma coherente".
En definitiva, "nuestras enmiendas defienden una política social con prioridades, con responsabilidad y con unas reglas claras. Una política que no confunda el ayudar con repartir sin criterio y que no convierta la emergencia en una situación permanente".
También incluyen en sus enmiendas que la ordenanza "sea más sencilla para el ciudadano, más rigurosa y más transparente, más rigurosa en la comprobación de todos los requisitos y más transparente en el uso del dinero público".
Han planteado que la tramitación de ayudas se puedan realizar tanto de forma presencial como de forma online. "Quien pueda y prefiera realizar el trámite de manera electrónica debe tener esa posibilidad y quien necesite acudir a los servicios sociales debe poder seguir contando con esta atención especial. Lo que no tiene sentido es limitar las opciones que tiene el ciudadano cuando existen medios para hacerlo de una manera más ágil", ha afirmado.
Proponen, además, que el Ayuntamiento recabe de oficio los datos y documentos que ya obren o desde cualquier otra administración, "siempre que sea evidentemente de una manera legal y a través de mecanismos disponibles".
CONTROL DEL FRAUDE Y EL USO INDEBIDO DE AYUDAS
Por último consideran fundamental abordar "el control del fraude y el uso indebido de las ayudas". En este sentido, indica, "quien atraviesa una situación de especial necesidad y cumple los requisitos, debe recibir la ayuda que corresponda. Pero quien aporte deliberadamente documentación falsa o manipule datos, pues creemos que lo debe ser sancionado".
Por eso proponen precisar unas causas de negación para distinguir entre un defecto documental que se pueda subsanar y una conducta deliberada dirigida a engañar a la Administración.
Por último, "con el fin de mejorar los resultados y dirigir los esfuerzos hacia donde verdaderamente hacen falta" proponen que el Ayuntamiento publique cada año un informe de evaluación de las ayudas concedidas y lo ponga en conocimiento del pleno municipal.
