Archivo - El hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de Defensa del contribuyente con la que la Comunidad de Madrid busca reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos ante la Administración.
PP y Vox han dado su 'sí' al dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de esta Ley, que también se plantea como un vehículo para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados a las mismas.
La nueva regulación será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.
Busca incorporar el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano.
RESPETO A LOS CIUDADANOS
Para defender la ley ha intervenido la diputada del PP Ainhoa García Jabonero, quien ha subrayado que el objetivo de esta norma es "garantizarlos derechos" y el "respeto" a los ciudadanos. "Respeto a su esfuerzo , a su trabajo, a su dinero y también a su tiempo. Pero también respeto a las instituciones, a las reglas del juego y a nuestro trabajo", ha recalcado.
Ha explicado que se trata de una ley "clara, sencilla y útil" que trata de actualizar la manera de atender al contribuyente. Se quiere que los madrileños tengan más facilidades para cumplir con sus obligaciones tributarias, que reciban una información clara, que sepan dónde tienen que acudir cuando tienen una duda y obtengan una respuesta cuando necesiten ayuda.
En el caso de Vox, Ana Cuartero ha afirmado que es "más necesario que nunca" defender al contribuyente en toda España ante "las garras de un Gobierno depredador que no ha dudado en lucrarse" a costa del "dinero de todos los españoles".
La parlamentaria ha defendido que esta norma debería ser "más ambiciosa" en la defensa del contribuyente y que sumase a ella una "reducción de impuestos" enfocada en aliviar la carga fiscal de las familias, así como un énfasis en desregulación.
El PSOE ha defendido, de la mano de Agustín Vinagre, que en la ley no se incluyen "buena parte de las garantías" de las que hace gala el Gobierno regional. "No estamos en contra de defender al contribuyente, sino precisamente creemos que merece una defensa bastante más seria", ha planteado.
Aún así, ha puesto en valor que se llegara a acuerdo con PP para advertir al ciudadano de que una queja no suspende los plazos de recurso y otro para fijar un plazo máximo de respuesta a las sugerencias; pero ha insistido que el PP plantea la defensa del contribuyente únicamente a través de "mirar cuánto paga" sin atender a "qué recibe y quién se beneficia de las decisiones fiscales".
También ha sido crítico con la norma el diputado de Más Madrid Gumersindo Ruiz Rosales, quien ha afirmado que es un ejercicio de "redundancia legislativa" que se limita a agrupar derechos que ya están plenamente reconocidos en la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
"Cuando una ley no añade nuevos derechos sustantivos a la nueva Oficina de Defensa del Contribuyente no se le asigna un solo euro de presupuesto adicional, no incorpora ni un funcionario de refuerzo y no se la dota de independencia real, por más que la vendan con grandes titulares, estamos ante una simple campaña de propaganda", ha zanjado.
