MÓSTOLES, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado la orden en la que la Comunidad de Madrid reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, una indemnización de 356 millones de euros por las obras inacabadas del tren Móstoles y Navalcarnero.
En el auto, fechado a 21 de mayo, adelantado por Vozpópuli y al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala estima el recurso de reposición interpuesto por Cercanías Móstoles Navalcarnero S.A. -de la constructora OHL- contra el auto de 26 de febrero de 2019, "acordando decretar la suspensión de la Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid de fecha 25 de octubre de 2018".
Tampoco les impone el pago del aval de 212,3 millones que, en principio, se pidió a la compañía para suspender la ejecución de la orden.
La Comunidad de Madrid reclamó una indemnización de 356 millones de euros a dicha sociedad como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato" que suscribió en enero de 2008 como concesionaria para la construcción de la línea.
Ahora, según se desprende del documento jurídico, existe la presunción fundada de que la orden emitida sobra dicho importe, y que fue recurrida por OHL, "no es conforme a derecho, al haber quedado sin cobertura jurídica, privándola de la presunción de legalidad y legitimidad que el ordenamiento jurídico otorga a los actos administrativos".
Las obras, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.
En junio de 2015, tras cinco años paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.
Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndoles 34 millones de euros de penalidades y dándoles 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).
Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
En marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la pretensión de la concesionaria de las obras de Cercanías de la línea Móstoles-Navalcarnero de resolver el contrato de construcción y explotación de esta infraestructura al entender que no están justificados los motivos que alegaba.
No obstante, no se pronunció sobre la cantidad que reclamaba a Cemonasa, que presentó un recurso de casación ante el Supremo frente a esta resolución del TSJM. Ahora, esa misma Sala ha dejado en suspensión de la Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras para la reclamación de 356 millones de euros a la concesionaria.
