MURCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El debate sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y su Cuenca ha arrancado este martes en el seno de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados con la defensa del texto por parte de su principal promotora, la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Vicente.
La ILP, que cuenta con el respaldo de más de 630.000 personas, parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la UMU basado en experiencias en países de América y Oceanía en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, destinado a la protección de ecosistemas de gran valor ecológico que se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo.
Durante su intervención, Vicente ha explicado que, de transformarse la ILP en norma, la laguna salada se convertiría en "el primer ecosistema con derechos propios de Europa", con lo que dejaría de ser "una víctima y un objeto" para convertirse en "un sujeto" con personalidad jurídica propia.
En este sentido, la ponente ha explicado que reconocer los derechos del Mar Menor conllevaría la concreción de tres figuras independientes para la protección del espacio: el Comité de Representantes; el Comité de seguimiento, en el que colaborarían los que ha llamado "los guardianes y guardianas de la laguna", y el Comité científico. Todas constituirían un órgano colegiado, la Defensoría del Mar Menor y su Cuenca.
Ha insistido en que, de salir adelante la ILP, los derechos subjetivos de la laguna vincularían "por primera vez" a todos los poderes públicos, con lo que su observancia exigiría un "control inmediato" sobre cualquier acción pública o privada que lo pusiera en riesgo, estableciendo "un límite" frente a otros derechos que puedan causar daños en el ecosistema, como el de propiedad, la libertad de empresa y el desarrollo económico.
De esta forma, ante cualquier perjuicio sobre el Mar Menor, tanto la Defensoría como cualquier ciudadano o ciudadana podría ejercitar la acción popular correspondiente y tendría acceso a la Justicia a través de un procedimiento preferente y gratuito.
El objetivo es "impedir que las actividades urbanísticas, de la agricultura, ganaderas, mineras o cualquier otra puedan dañar el ecosistema", ha explicitado Vicente.
"Cuando esta ILP se convierta en ley no va a poder tener efectos retroactivos sobre los daños ya causados", ha explicado Vicente, quien ha señalado que para entonces espera que "los cultivos ilegales y toda la actividad urbanística, agropecuaria y minera fuera de la ley ya hayan cesado".
"INACCIÓN" DE LAS ADMINISTRACIONES
La profesora ha relatado que el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor llegaría tras años de "graves daños ecológicos" en el entorno, y ante "la falta de eficacia de las normas jurídicas vigentes" y la "inacción" y el "fracaso" de las autoridades competentes.
Así, ha señalado que las figuras de protección dadas a este espacio natural desde los ámbitos internacional, comunitario y regional reconocen la singuralidad del ecosistema. Sin embargo, esto no ha servido, según sus palabras, para que las administraciones públicas actúen en consecuencia.
"No están vigilando el cumplimiento de la legislación sobre vertidos y contaminación por nitratos; no han planificado y gestionado los espacios naturales protegidos hasta 2019, cuando tuvo lugar la gran mortandad de fauna y flora; no han evitado el impacto ambiental del urbanismo desaforado en los municipios ribereños", ha dicho Vicente.
A esto, ha sumado que las instituciones tampoco "han controlado las normas de planificación de regadío del Campo de Cartagena", la cuenca del Mar Menor, "ni ha habido una evaluación ambiental efectiva que evite los impactos contaminantes a la laguna".
En definitiva, "se ha considerado al Mar Menor como un objeto para su explotación económica sin limites; se le ha considerado un sujeto para obtener de él el máximo beneficio económico sin tener en cuenta que es una entidad viva", ha agregado la principal promotora de la ILP.
RECONOCIMIENTO A LA LUCHA CIUDADANA
Para Vicente, la sociedad que ha avalado con su firma la iniciativa lo ha hecho como "parte y no dueña" de la laguna salada, un ecosistema que forma parte, ha añadido, "de nuestra identidad cultural".
Así, ha puesto en valor que esta iniciativa parte del reconocimiento de la participación directa de la ciudadanía en la protección del medio ambiente, reconocido tanto en el artículo 23 de la Constitución, como en el Convenio de Aarhus, del que es parte España y la Unión Europea.
Asimismo, ha insistido en que los más recientes estudios sobre corrupción política reconocen que "una mayor participación ciudadana evita y disminuye las prácticas corruptas que debilitan nuestra democracia".
Vicente ha manifestado que la atribución de personalidad jurídica y derechos subjetivos a un ecosistema "es la figura jurídica más poderosa para garantizar su protección", porque significa reconocerle "valor suficiente para tener una carta de derechos propios".
Entre las experiencias de ecosistemas protegidos por esta figura y basadas en el movimiento social y jurídico internacional de defensa de los derechos de la naturaleza, la promotora ha citado los casos de los ríos Vilcabamba (Ecuador), Atrato (Colombia), Whanganui (Nueva Zelanda) y Ganges (India).
