La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional durante una votación - EUROPA PRESS
CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha aprobado este jueves por unanimidad una moción de Vox para reclamar al Gobierno regional la puesta en funcionamiento de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en el Centro de Salud de Puerto de Mazarrón. La iniciativa ha incorporado una enmienda del PSOE, mientras que otras dos propuestas de adición del PP también han salido adelante en votaciones separadas.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria durante todo el año a los residentes de Puerto de Mazarrón, donde, según ha denunciado, los servicios se refuerzan durante la temporada turística, pero se reducen al finalizar el verano. "La salud de las familias del Puerto de Mazarrón no se congela en septiembre", ha manifestado. La moción plantea aumentar el personal de Medicina de Familia, dotar al servicio de urgencias de los recursos humanos y materiales necesarios y activar progresivamente las instalaciones destinadas a fisioterapia, salud mental y odontología.
Por su parte, el diputado popular Antonio Martínez Pastor ha defendido una planificación sanitaria basada en la población asignada y la demanda asistencial, además de reclamar al Gobierno central un incremento de las plazas de formación de especialistas en Medicina de Familia y Pediatría. Desde el PSOE, Marisol Sánchez ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la atención sanitaria durante la temporada turística y ha reclamado el cumplimiento de los compromisos regionales de mejora de la Atención Primaria. María Marín, del Grupo Mixto, también ha apoyado la iniciativa y ha recordado que se trata de una reivindicación vecinal respaldada por el Ayuntamiento de Mazarrón.
MÁS PLAZAS DE FORMACIÓN EN SALUD MENTAL
La comisión también ha aprobado por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Ministerio de Sanidad que revise y flexibilice los requisitos de acreditación de las unidades docentes de salud mental, con el objetivo de facilitar el incremento de plazas de formación de especialistas en Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental.
La diputada popular María Luisa Ramón ha explicado que la normativa actual exige, entre otros requisitos, duplicar el número mínimo de especialistas para ampliar la capacidad docente inicial de determinadas unidades. Ramón ha indicado que la Estrategia de Mejora de Salud Mental 2023-2026 ha alcanzado, según los datos de la Consejería, un 84,5% de cumplimiento y que la plantilla de cinco categorías profesionales ha aumentado de 550 a 644 trabajadores.
La iniciativa ha incorporado enmiendas del PSOE y Vox. La socialista María Soledad Sánchez ha exigido al Gobierno regional que cumpla antes de finalizar 2026 su compromiso de incorporar 208 profesionales, al considerar insuficientes las 94 contrataciones señaladas por el PP. Vox ha planteado impulsar la capacidad docente de las unidades regionales y garantizar que se oferten las plazas acreditadas que dispongan de financiación y recursos. Por su parte, María Marín ha respaldado la moción, aunque ha reclamado al Ejecutivo autonómico un balance verificable de la estrategia, con las plazas efectivamente cubiertas y el presupuesto ejecutado.
En materia de vivienda, la comisión ha rechazado una moción socialista que reclamaba la reparación urgente y recuperación de la habitabilidad del edificio de viviendas sociales del barrio de Fátima, en Molina de Segura, afectado por un incendio el 1 de febrero de 2025. En su lugar, ha salido adelante una enmienda a la totalidad del PP que plantea continuar los trámites para la demolición del inmueble y estudiar la construcción de hasta 25 viviendas protegidas en la parcela, frente a las 12 existentes anteriormente.
El diputado del PP Santiago López ha explicado que el edificio cuenta con una orden de demolición y ha defendido la coordinación entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento para recuperar el terreno. La propuesta contempla crear una comisión técnica de seguimiento entre ambas administraciones y avanzar en los procedimientos administrativos y patrimoniales necesarios. "No estamos hablando de renunciar a la vivienda pública, sino de aprovechar una situación que, siendo inicialmente negativa, terminará incrementando la oferta de vivienda protegida en Molina de Segura", ha defendido.
La socialista María Dolores Martínez Pay ha criticado la falta de soluciones para las familias desalojadas y ha reclamado financiación, reparación y garantías para su regreso. "Los vecinos conservan todavía las llaves. A ustedes les corresponde tomar las decisiones para que vuelvan a utilizar las llaves en sus hogares", ha manifestado. Vox ha respaldado la alternativa popular, aunque ha reclamado soluciones habitacionales para los afectados, mientras que Marín ha denunciado que las familias continúan sin una respuesta definitiva más de año y medio después del incendio.
La comisión ha rechazado también una moción del Grupo Mixto sobre la protección de la salud de los vecinos del barrio cartagenero de Los Mateos frente a la contaminación por metales pesados. La diputada María Marín ha denunciado la presencia de plomo en sangre en menores de la zona y ha asegurado que los casos detectados ascienden a 16, con concentraciones que, según ha indicado, alcanzan los 23 microgramos por decilitro.
Marín ha cuestionado las actuaciones de descontaminación de una parcela municipal destinada inicialmente a la construcción de 40 viviendas protegidas y ha acusado a las administraciones de no haber actuado con suficiente rapidez. La socialista, Carmina Fernández, ha respaldado la moción y ha cuestionado las condiciones de adquisición de los terrenos y la gestión de los trabajos de descontaminación.
Desde Vox, María José Ruiz ha defendido que las actuaciones sanitarias deben determinarse a partir de criterios científicos y ha advertido de que la detección de plomo en sangre no permite establecer automáticamente el origen de la exposición. En la misma línea, el popular Santiago López ha asegurado que la Consejería de Salud está realizando un seguimiento de los casos y estudiando las posibles fuentes de contaminación. "No vamos a mirar hacia otro lado, no vamos a dejar a nadie desamparado", ha afirmado, al tiempo que ha pedido evitar situaciones de alarma social.
Por último, la comisión ha debatido una moción del PP para impulsar un protocolo unificado de búsqueda de personas mayores en riesgo de pérdida, desorientación, maltrato o aislamiento. La diputada del PP Sonia Ruiz ha explicado que la iniciativa responde a las preocupaciones trasladadas por asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias y pretende reforzar la coordinación entre los servicios de emergencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y los profesionales sanitarios.
"Cuando una familia busca a alguien a quien quiere, la política no debe convertirse en otro obstáculo", ha señalado Ruiz, que ha aceptado las enmiendas de PSOE y Vox. Las propuestas socialistas incorporan medidas de prevención, detección temprana, apoyo a familiares y formación de profesionales, mientras que la enmienda de Vox amplía la protección a personas de cualquier edad con alteraciones cognitivas o patologías que puedan provocar desorientación.
La socialista Toñi Abenza ha defendido que el protocolo debe traducirse en actuaciones concretas y no quedarse en una declaración de intenciones. Por su parte, María José Ruiz, de Vox, ha recordado que su grupo ya promovió en 2024 una iniciativa sobre dispositivos de geolocalización para personas con Alzheimer, mientras que María Marín ha apoyado la propuesta, aunque ha reprochado al Gobierno regional que no haya desarrollado anteriormente un mecanismo de estas características.
