Las denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentan un 79,4% con respecto al año anterior, según la Memoria de la Fiscalía
MURCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Tribunal Supremo recurrirá el archivo del caso 'Pasarelas' de presunta corrupción urbanística en el que figuraba como investigado el ex presidente de la Comunidad y ex alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, quien fue absuelto por haber expirado el plazo máximo de investigación establecido legalmente.
Así lo ha hecho saber el Fiscal Superior Fiscal de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en la rueda de prensa para presentar la Memoria de la Fiscalía de Murcia del año 2018 y al ser preguntado por si la Fiscalía del Tribunal Supremo se había manifestado ya sobre la propuesta de la Fiscalía Superior de la Región para recurrir el denominado caso 'Pasarelas'.
Cabe recordar que en estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte, "sin la celebración del correspondiente contrato de prestación de servicios".
De momento, Díaz Manzanera ha señalado que la Fiscalía del TS no se lo ha comunicado oficialmente, pero "extraoficialmente" se le ha trasladado que es de los recursos que "merece la pena interponer", por lo que ha asegurado que se interpondrá y, en ese momento, ha garantizado que, "por supuesto, si los medios de comunicación tienen interés, se les facilitará su contenido".
INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA EL CASO 'DESALADORA'
Asimismo, la Fiscalía ha pedido un incidente de nulidad contra el auto que se dictó por una sección de la Audiencia Provincial respecto al caso 'Desaladora' de presunta corrupción urbanística y que actualmente está en trámite. Este incidente está centrado argumentalmente en la posible vulneración de derechos fundamentales y, más concretamente, del derecho a la tutela judicial efectiva.
En este caso, cabe recordar que en el caso 'Desaladora' se investiga una presunta malversación multimillonaria de fondos públicos con la adquisición y explotación de la desaladora de Escombreras, y que se investigaba al ex consejero de Agricultura del Gobierno murciano, Antonio Cerdá, y a otras 11 personas. La Audiencia Provincial, en cambio, también dio por terminada su instrucción al haber vencido el plazo de 6 meses de la instrucción.
Si el incidente de nulidad se deniega, Díaz Manzanera ha anunciado que podría llevar aparejado intentar plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que anticipa que es "muy complicado". Con todo, ha señalado que "tratamos de agotar los procedimientos legales, siempre con el máximo respeto a las decisiones judiciales".
Precisamente, Díaz Manzanera ha comenzado su intervención en la rueda de prensa arremetiendo contra el "ya famoso artículo" 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone plazos a la investigación de los delitos. Así, aunque considera "inaceptable" que los procedimientos judiciales se alarguen en el tiempo, el Fiscal Superior cree que "ese camino debe venir precedido de la dotación de los medios adecuados y que no se haga a cualquier precio, inclusive pudiéndose atentar contra el respeto de derechos fundamentales, como el de tutela judicial efectiva".
En el detalle de la Memoria de la Fiscalía relativa al año 2018, Díaz Manzanera ha llamado especialmente la atención sobre el incremento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual, con un aumento del 79,4% con respecto al año anterior, lo que ha achacado a que "se ha denunciado mucho más" y a que "la digitalización de la Justicia hace más precisa la labor de registro".
Por otra parte, la Fiscalía Superior de la Región ha propuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de permitir el acceso a los datos del uso del móvil (tales como la hora de envío de mensajes o de las llamadas salientes y entrantes) con el fin de poder investigar los casos como imprudencia grave, ya que esos datos solo están disponibles actualmente en casos de delitos dolosos, lo que exige que el accidente se vea acompañado, por ejemplo, de la no prestación del deber de socorro.
Finalmente, la Fiscalía también ha interesado que los vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos, sean considerados como vehículos a motor o ciclomotor a efectos legales. Y es que su uso ha aumentado, se ha extendido frecuentemente a los menores de edad y se utiliza en aceras y lugares reservados a peatones a pesar de no tener una normativa municipal que los regule.
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