El Gobierno regional rechaza el reparto de menores migrantes de Ceuta y exige al Estado que asuma su responsabilidad

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Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 12:56

La consejera de Política Social defiende que la solución pasa por proteger a los menores en su entorno familiar, mientras el Grupo Mixto acusa al Ejecutivo de dar la espalda a la ciudad autónoma

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha rechazado este miércoles que la crisis migratoria de Ceuta se resuelva mediante el reparto de menores extranjeros entre las comunidades autónomas y ha reclamado al Gobierno central que asuma sus competencias en materia migratoria y refuerce la protección de las fronteras.

Así lo ha manifestado durante una interpelación de la diputada del Grupo Mixto María Marín en el Pleno de la Asamblea Regional sobre la colaboración del Ejecutivo autonómico para solucionar la crisis humanitaria que atraviesa Ceuta. "La crisis institucional y humanitaria que sufre esa nación no se soluciona convirtiendo a España en un mero sistema de reparto y distribución de personas y de menores entre las autonomías", ha afirmado Ruiz, quien ha defendido que la prioridad debe ser garantizar la permanencia de los menores en su entorno familiar siempre que sea posible.

La consejera ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender sus responsabilidades y ha advertido de que los sistemas autonómicos de protección de menores se encuentran sometidos a una creciente presión. "Las comunidades autónomas no podemos asumir la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado una mayor implicación de Marruecos en la protección de sus menores y ha considerado que el país vecino dispone de recursos suficientes para asumir esta responsabilidad. "Un país soberano y próspero debe proteger a su infancia dentro de sus fronteras, garantizar su reagrupación familiar y no permitir que sus jóvenes se lancen al mar", ha manifestado. Ruiz ha asegurado que el Gobierno murciano ha apoyado a Ceuta y seguirá haciéndolo, aunque ha insistido en que la solución no pasa por establecer cupos de distribución entre territorios.

Por su parte, María Marín ha acusado al Gobierno regional y a otras comunidades gobernadas por el PP de obstaculizar una solución a la crisis humanitaria al negarse, según ha denunciado, a colaborar en la acogida de menores migrantes. La diputada ha asegurado que Ceuta, con una población de unos 85.000 habitantes, acoge actualmente a más de 3.000 menores extranjeros, mientras que la Región de Murcia, con aproximadamente 1,6 millones de habitantes, atiende a 735.

"Yo no sé si a usted esto le parece muy justo, muy equitativo", ha reprochado Marín a la consejera, a quien ha preguntado qué ocurriría si la Región atravesara una situación similar y necesitara la solidaridad del resto de autonomías.

La parlamentaria también ha criticado la actuación del Gobierno central, al que ha acusado de permitir que miles de personas permanecieran durante semanas en condiciones precarias en Ceuta. "Nos da mucha vergüenza que un Gobierno progresista haya permitido esta vergüenza de tener a gente tirada por las playas y por las calles de Ceuta", ha afirmado.

Marín ha defendido un mecanismo de solidaridad territorial que permita distribuir la acogida de menores de forma proporcional a la población de cada comunidad y ha advertido de que la Región de Murcia también podría enfrentarse en el futuro a una crisis migratoria semejante. "Hoy es Ceuta la que está viviendo esta crisis humanitaria sin precedentes, pero mañana podríamos tener la misma situación en la Región de Murcia", ha señalado.

En su réplica, Ruiz ha reiterado que el reparto de menores no constituye una solución estructural y ha insistido en que el Gobierno central debe adoptar medidas para afrontar las causas de la crisis migratoria. "Los menores tienen que estar en su país, tienen que estar en su hogar, tienen que estar con sus familias", ha concluido la consejera, quien ha reconocido que, cuando esto no sea posible y exista una situación de desprotección, corresponde a los sistemas autonómicos atenderlos.

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