Publicado 29/06/2020 10:24:52 +02:00CET

Interinos de la Región reclaman un puesto fijo tras una sentencia de Alicante que les da la razón

Imagen de interinos de la Región de Murcia durante una movilización para reivindicar sus derechos
Imagen de interinos de la Región de Murcia durante una movilización para reivindicar sus derechos - AIDMUR

La Región cuenta con unos 8.000 interinos en "abuso de la temporalidad" que se verían afectados por el fallo judicial

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 120 interinos de la Región de Murcia han presentado ya demandas judiciales para reivindicar su puesto fijo en la administración y se espera un aluvión de nuevas querellas tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante que ha dado recientemente la razón a una interina que llevaba 13 años con una plaza temporal y tendrá que ser convertida en funcionaria fija.

Así lo ha hecho saber a Europa Press el funcionario interino de la Consejería de Educación y Cultura y miembro de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), Francisco Javier Paredes Martínez, quien explica que hay unas 8.000 personas en la Comunidad de Murcia en esta situación de "abuso de la temporalidad" trabajando para las distintas administraciones.

"El problema surge porque España no está cumpliendo las directivas europeas y, más concretamente, la directiva 1999/70/CE, que exige que no haya empleo precario en los países miembros", según Paredes, quien lamenta que, en el caso de España, esta normativa solo se ha adaptado en el sector privado.

En concreto, esta directiva se adaptó al Estatuto de los Trabajadores, que es el que rige en el sector privado. "Se legisló y se estableció que te tienen que hacer fijo obligatoriamente a partir de los dos años seguidos trabajando para una misma empresa o cuando se completan los tres años trabajando de forma discontinua", explica este interino.

En cambio, esta directiva europea no se ha adaptado en el sector público y los interinos demandan "igualdad de condiciones" porque "es lo que mandata la UE", según Paredes. En primer lugar, lo reclaman porque "es de justicia" y, en segundo lugar, porque todos los países miembros de la UE "ya se han adaptado".

El último país al que se le obligó a adaptarse a la directiva europea fue a Italia, a raíz del denominado caso 'Mascolo'. "Allí pasó algo parecido a lo que sucede en España, porque hubo un abogado que llevó al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo el perjuicio a los profesores italianos y consiguieron que se estableciera el puesto fijo para todos ellos", ha manifestado.

Precisamente, los interinos españoles se están apoyando en esa directiva para presentar sus demandas. De momento, los miembros de Aidmur, de la mano del abogado murciano Fernando Losana, contabilizan ya 120 demandas. No obstante, Aidmur ha iniciado una segunda campaña y se están adhiriendo nuevos interinos.

El promotor de la iniciativa en España es Javier Araúz, funcionario que trabaja para la Abogacía del Estado (en excedencia) y experto en Derecho Comunitario que se propuso hacer que el país cumpla la normativa europea "Vio una oportunidad única para hacer justicia a través su bufete de abogados", tal y como indica Paredes.

Así, Araúz es consciente de que esta causa "se puede ganar" porque España es el único país cuyo empleo público no se ha adaptado a la directiva. Este abogado impulsó las demandas de un grupo de informáticos del SERMAS (Servicio madrileño de salud) y la sentencia, que fue publicada el pasado 19 de marzo, establecía que "estamos en abuso de la temporalidad y que hay que dar una solución".

Esa sentencia establece dos posibles soluciones. En primer lugar, contempla "una indemnización que sea efectiva y disuasoria para la administración pública" y, en segundo lugar, otra vía que cuenta con el aval de la Justicia europea y que consiste en conceder el puesto fijo a todas las personas que están contratadas en fraude de ley. "Nosotros buscamos el puesto fijo, porque a mí me da igual que me den mucho dinero si no voy a seguir trabajando", asevera Paredes.

INSTAN A LEGISLAR AL GOBIERNO CENTRAL

"La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, es la que debería dar solución a este problema que tenemos los interinos, pero dijo abiertamente en el Senado que no iba a transponer la directiva europea, sino que iba a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) por el que nos regimos los funcionarios", ha reprochado.

A su juicio, la postura de la ministra es "gravísima", podría incurrir en un delito de prevaricación por negarse a cumplir la ley europea. Y es que, añade, "la directiva europea es obligatoria y los jueces tienen la potestad de aplicarla si el estado miembro de la UE no la ha adaptado en su legislación".

Paredes puntualiza que el legislador --en este caso el Gobierno de España--, tiene que hacer la trasposición de la normativa en el EBEP, que debe ser modificado. "Pero nosotros nos tememos que esto no va a ser así, y es muy probable que la ministra modifique alguna otra cosa", lamenta.

"Nos tememos que, al cabo de los dos o tres años de trabajar para una misma administración pública, te indemnicen con una cuantía irrisoria y te echen a la calle con una mano delante y otra detrás", según este interino, quien advierte que hay mucho oscurantismo al respecto. De hecho, los afectados se han reunido con sindicatos tanto mayoritarios como minoritarios, así como con representantes políticos y "no dan información".

La ministra ha creado una comisión para valorar el asunto y se ha dado un plazo de dos meses para modificar el Estatuto. "Darias insiste en que quiere consensuar el cambio con todos los partidos", explica Paredes, quien espera que se lleve una propuesta al Senado "dentro de no mucho tiempo".

No obstante, los interinos recelan de esta propuesta. "Si la ministra no anuncia tajantemente que se va a adaptar a la normativa europea, es porque va a hacer algo que no nos va a gustar". En caso contrario, si la decisión fuera positiva, cree que la ministra "no marearía la perdiz". Todo ello, lamenta, a pesar de que se trata de un Gobierno "progresista y de izquierdas que tiene la posibilidad de estabilizar a 800.000 interinos de todas las administraciones".

Las sentencias de la Justicia europea dictadas hasta ahora establecen, además, que los procesos de libre concurrencia --es decir, las oposiciones-- "no son una medida para evitar el abuso para esas personas que llevan años concatenando contratos temporales" porque se les coloca en igualdad de condiciones con las personas que se presentan por primera vez. "Con esta oposición, no se recompensa a los interinos el abuso que han sufrido durante años", subraya.

"Lo malo de la sentencia europea del 19 de marzo es que deja en manos de los jueces la medida para sancionar los abusos", según Paredes, quien remarca que los magistrados españoles tienen que recurrir al EBEP, en el que los interinos no tienen derecho a ninguna indemnización si se les echa. La solución, por tanto, recae en manos del legislador, "que es el que tiene que decidir.

SENTENCIA DE ALICANTE

Recientemente, un Juzgado de Alicante ha dado la razón a una funcionaria interina que llevaba 13 años trabajando. En este caso, la magistrada ha creado una figura nueva que no es la del 'funcionario de carrera', sino la de 'funcionario fijo' que, a todos los efectos, es lo mismo porque tienen las mismas condiciones de movilidad o estabilidad.

La jueza que ha dictado esta sentencia es experta, como Araúz, en Derecho Comunitario, además de haber sido reconocida con el 'Premio calidad de la justicia 2018' y se ha basado en la primacía que tienen las directivas europeas sobre cualquier estado miembro. "Esta es la clave, que te toque un juez para el que prevalezca la directiva europea", según Paredes, quien lamenta que hay otros magistrados que no están especializados y pueden soslayar este principio.

El Ayuntamiento de Alicante que, ante la ausencia normativa, previsiblemente recurrirá la sentencia, lo que podría dar lugar a un marco regulador derivado de los tribunales. Lo que, ante la ausencia de una transposición clara de la directiva europea, podría beneficiar a todo el colectivo interino.

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