MURCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vocal del CGPJ, Juan Martínez Moya, ha asegurado que está "plenamente convencido" de que la respuesta que dará el Tribunal Supremo, que estudia este lunes si serán los bancos los que finalmente paguen el impuesto de hipotecas, será "cumplir uno de los fines esenciales del derecho, que es dar seguridad jurídica, estabilizar las expectativas de conducta, en este caso a toda la ciudadanía".
Martínez Moya, que ha recordado que el CGPJ no ejerce funciones jurisdiccionales, ha dejado claro que respeta el "normal" funcionamiento del TS y ha insistido en que está convencido de que la respuesta que dará en este tema será "seguridad jurídica".
Así lo ha manifestado momentos antes de intervenir en los desayunos del Colegio de Graduados Sociales, en los que también ha participado Antonio V. Sempere, magistrado del Tribunal Supremo.
En materia laboral, ha explicado que el objetivo de las jornadas es analizar, junto a economistas, juristas y graduados sociales, la reforma laboral y el estatuto de los trabajadores, entre otros asuntos.
A su juicio, "los tribunales laborales, a la hora de aplicar la norma, deben generar unas expectativas de estabilidad en sus decisiones y eso asegura una mayor seguridad económica, las inversiones en el marco de la actividad económica".
En cifras, ha puntualizado que en el segundo semestre de 2018, según datos del CGPJ, "los asuntos llegados a la jurisdicción social se han elevado un punto con relación al semestre anterior, de 2017". Así, se prevé, en virtud de los datos que manejan, que "a los casi 400 órganos judiciales de lo Social llegarán unos 400.000 asuntos, que suponen cerca de 300.000 sentencias anuales".
Ello pone en evidencia, ha dicho, que la ciudadanía "confía en la justicia y es el índice de respuesta en el ámbito judicial, pero hay que preguntarse cuántos asuntos se resuelven fuera del ámbito judicial, ya que es una cifra elevada, casi 400.000 asuntos al año que resuelven los juzgados laborales, lo que supone una fuerte judicialización del conflicto laboral".
Según el vocal del CGPJ, "sobre esto hay que trabajar", ya que, ha recordado, el estatuto de los trabajadores es de 1980 y "ha sufrido más de 50 reformas en estos últimos años y quizás exige adecuarse no solo a las políticas económicas nacionales, sino también a las políticas de la UE que".
En cuanto a la litigiosidad en términos generales y en todos los órdenes jurisdiccionales, Murcia es la cuarta región, por detrás de Canarias, Andalucía y Asturias y supone "35 asuntos por 1.000 habitantes, una fuerte litigiosidad cuando la media apenas supera los 30 asuntos y ello comporta que es una sociedad dinámica, viva si se ve por el lado positivo".
En material laboral, "también se encuentra en un índice elevado de asuntos pendientes en los 12 juzgados de lo Social, ya que son unos 7.500 asuntos pendientes, pero en el segundo semestre de 2018 se han resuelto más asuntos de los que han entrado; la media de entrada hasta junio de este año ha sido de 2.500 y se han resuelto 2.900".
Hay que "tener certidumbre a la hora de aplicar la norma y seguridad del sistema de articulación de las fuentes del derecho", ha manifestado, para después considerar que "hay que mejorar y clarificar ese panorama, mejorar la contratación temporal que hoy día supone casi un porcentaje muy elevado con respecto a la contratación indefinida y la contratación temporal debe atender a criterios de causalidad y criterios de estabilidad en el empleo".
"Hay que reflexionar mucho, hablar de la estabilidad" ha concluido.
