VALENCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (Valencia) ha acordado abrir juicio oral al exalcalde de esta localidad con el PP, Arturo Torró, a quien el fiscal acusa de malversación de caudales y fraude en la contratación en relación a un contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a través de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, que acabó pagando medio millón de euros de dinero público a una empresa privada.
El juzgado acuerda la apertura de juicio oral contra Torró y un empresario, que son contra quienes dirige la acusación el ministerio fiscal, y contra otras cinco personas más, a quienes acusa la acusación particular, entre ellos un exedil y una exasesora del entonces alcalde.
Así consta en un auto del pasado 17 de marzo y en el que la juez fija la Audiencia para el enjuiciamiento del caso y una fianza de responsabilidad civil en cuantía de 4.020.000 euros, que deberán prestar conjunta y solidariamente los acusados, y con una parte para una mercantil, en su condición de responsable civil subsidiario (480.000 euros).
Según el fiscal, los hechos se remontan a diciembre de 2011, cuando 'Iniciatives Publiques de Gandia-S.A.U', recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para la realización de las actividades de comunicación que hasta su cierre poco antes venía desempeñando la televisión municipal.
IGP, a través del procedimiento de contratación por invitación, adjudicó en 2012 dos contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a dos mercantiles, por más de 1,7 millones de euros cada uno, y para tres años.
Antes de estos contratos, en diciembre de 2011, una de las empresas efectuó una cesión de las obligaciones derivadas del contrato del que resultara adjudicataria en favor de la otra, que fue la que realizó de hecho los trabajos correspondientes a las dos.
En fecha 10 de febrero de 2013, se concertó entre la empresa
pública y la primera de las mercantiles la resolución del contrato de febrero de 2012, por supuestas dificultades no concretadas, y asumió IGP la obligación de pagar a la mercantil la cantidad de 500.000 euros de dinero público, "a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas", señala el fiscal.
La primera transferencia se realizó el 7 de junio de 2012, antes incluso de que se acordase la resolución y la indemnización a favor de la mercantil. Según el fiscal, fue Torró quien, aprovechando su condición de alcalde y presidente del Consejo de Administración de IPG, utilizando la empresa municipal IPG, "concibió promovió y asumió la obligación" del pago de ese importe con dinero público a la otra empresa, con la colaboración del otro acusado, como representante de esa mercantil.
