La Generalitat pide usar el dinero de la responsabilidad civil del juicio de 'Gürtel' para becas y prestaciones sociales
MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La acusación popular ejercida por varias exdiputadas socialistas valencianas ha pedido este lunes en la Audiencia Nacional que se condene al expresidente de la Generalitat Francisco Camps al considerar "acreditado" que fue el responsable de introducir a la trama 'Gürtel' en la administración valenciana.
Durante la exposición de su informe final en el juicio que se sigue por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', la letrada Gloria Pascual ha asegurado que ha quedado "demostrado no solo por las declaraciones de los conformados, sino por la documental obrante y las conversaciones intervenidas", que Camps facilitó la inserción del grupo en la comunidad autónoma.
Durante su intervención, la abogada ha puesto el foco en las adjudicaciones en las que se produjeron "enormes sobrecostes y con cargo siempre al dinero público, haciendo caso omiso de toda la regulación vigente", que trataba de que el dinero público se utilizase "conforme los criterios legales".
La letrada ha querido "destacar la modificación" realizada en 2004 y que hizo que la Dirección General de Promoción Institucional pasase "a depender del presidente, que no de Presidencia". "En este caso Presidencia es el señor Camps, del que depende directamente la Dirección General que encabeza Dora Ibars, y que se supone que sigue instrucciones de su jefe, porque es una estructura jerárquica", ha añadido.
Precisamente con respecto a la "atribución de funciones por parte del presidente", la acusación popular ha asegurado que, "si había dudas, alguien poco sospechoso de querer perjudicar a la administración valenciana" como era el perito Emilio Torrejón "dijo que había competencias que se reservaba el presidente".
Por último, la letrada ha calificado de "absolutamente atrevido" que la defensa de Camps haya solicitado que se condene tanto a la acusación popular como particular en costas y ha pedido al tribunal que sea la representación del expresidente la que sea condenada en este mismo sentido.
"MANIPULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA"
La sesión de tarde de la vista oral celerada este lunes también ha servido para escuchar el informe final de la Generalitat, que ha actuado en el juicio como actor civil -esto es, que solicita el resarcimiento por los daños presuntamente causados por el grupo Correa en la Generalitat Valenciana--.
A juicio del letrado, el juicio "ha puesto de manifiesto mecanismos de manipulación de contratación pública en el ámbito de la administración autonómica valenciana". "Orange Market y otras mercantiles tuvieron dominio del hecho sobre cierta parte de la contratación pública llevada a cabo por la Generalitat Valenciana bien a través de consejerías o entes de su sector público. Ese dominio del hecho y su ilegalidad ha sido reconocida por los propios conformados", ha señalado.
En este contexto, la representación de la Generalitat ha aseverado que "ha quedado acreditado que hay activos debidos a la Generalitat que deberán ser puestos a su disposición y serán empleados para becas, prestaciones sociales y construcción y mantenimiento relacionados con la administración de Justicia".
CAMPS, EL "PACIENTE CERO"
También este lunes, pero en el turno de mañana, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar a Camps, al que ha definido como el "paciente cero" que posibilitó la "parasitación y la colonización" de la trama 'Gürtel' en la administración autonómica.
Así se ha expresado la fiscal Concepción Nicolás durante la exposición de su informe final, en el que ha puesto el foco en la relación del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', con Camps para explicar la llegada de la trama a Valencia y para pedir una "respuesta" acorde a las "conductas graves" que a su juicio han quedado demostradas.
Para el Ministerio Público, la "proximidad y el abuso de la relación" entre ambos por parte de 'El Bigotes' "posibilitó" que éste último "pudiera contratar y tener acceso a las consellerías", lo que "explica el inicio de las contrataciones" que están en el punto de mira. "El presidente intervino para deshacer los posibles obstáculos", ha añadido la fiscal.
