Alude a un documento hallado al comando "Hego-Aizea" de ETA donde se explica la decisión de ETA de estar el Parlamento Europeo
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado, por medio del fiscal jefe de Sala del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, presentó hoy un escrito de impugnación ante la Sala del 61 del alto tribunal contra la lista de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP), encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, para los comicios europeos. Considera que se trata de un "ardid" del entorno de ETA para mantenerse en las instituciones democráticas.
Se une así a la demanda presentada pocas horas antes, y en el mismo sentido, por la Abogacía del Estado contra esta coalición (que integran los partidos Izquierda Castellana y Comuner@s), a cuyos representantes se les otorgará un plazo hasta mañana viernes para contestar estas impugnaciones, según informaron fuentes jurídicas.
La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, competente para entender de este asunto en virtud de la Ley de Partidos Políticos, se reunirá esa misma tarde para decidir sobre la admisión a trámite de ambas iniciativas y deberá resolver antes de las doce de la noche del próximo sábado. En última instancia, cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que debe resolverse antes de que comience la campaña electoral, a las 00.00 horas del próximo día 22.
El escrito de impugnación presentado por la Fiscalía cuenta con 111 folios y se produce tras realizarse un análisis jurídico de los diferentes informes de la Guardia Civil y de la Policía que han sido puestos a disposición del Ministerio Público durante los últimos días.
Según la Fiscalía, y tras analizarse el perfil de los promotores, representantes, candidatos y avalistas de II-SP, se concluye que "la candidatura no es más que un un ropaje formal, una mera instrumentalización de un objetivo, el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo".
DOCUMENTO DE ETA.
El escrito alude a un documento incautado al comando "Hego-Aizea" de ETA donde se evidencia el interés de la banda terrorista de trabajar en aquellas instituciones en las que la izquierda abertzale todavía ostenta poder y rechazar las organizaciones que provienen o favorecen la "partición o división de Euskal-Herria", así como aglutinar sus bases impidiendo que la militancia optara por el voto útil hacia cualquier otra candidatura.
También se alude a documentos internos de la Mesa Nacional de Batasuna y otros incautados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en su procedimiento contra D3M.
Sobre los candidatos, además de las vinculación desde hace décadas de Sastre y la número dos, Doris Benegas, con formaciones herederas de Herri Batasuna, se señalan datos como que, por ejemplo, la candidata Ángeles Maestro (Corriente Roja) colgara un artículo en la web Kaosenlared.net señalando que Iniciativa Internacionalista "defiende planteamientos plenamente coherentes con los posicionamientos ideológicos de la izquierda abertzale".
ACCESO AL CENSO.
El escrito de impugnación presentado por la Fiscalía solicita -al igual que la Abogacía-, la medida cautelar de impedir el acceso al censo electoral de los representantes de esta candidatura, según explicó Narváez, "para preservar la seguridad de los ciudadanos y sus identidades".
La candidatura de SS-PP, según el Ministerio Público, surge de "unas formaciones políticas testimoniales tanto en su infraestructura personal como en sus resultados electorales anteriores", con un ámbito de actividad política circunscrito hasta ahora a las dos Castillas y a madrid que "en un tiempo récord" -desde el pasado 15 de abril- es capaz de designar representantes en casi todo el territorio del Estado, elaborar una lista en cuyos primeros puestos se colocan a personas "significadas" en el entorno abertzale (Sastre y Doris Benegas) y con un gran número representantes, promotores y avalistas del mismo entorno.
El "mutismo absoluto" sobre los comentarios cada vez más crecientes de los medios de comunicación sobre su posible vinculación a Batasuna es otro indicio aportado por la Fiscalía para impugnar esta lista.
La formula elegida repite, según esta parte, la elegida por Batasuna para las elecciones municipales de 2007, "cuando un numero importante de candidaturas a Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra fueron instrumentalizadas por las formaciones políticas ilegalizadas para acceder a Ayuntamientos y Juntas Generales.
Sobre los avales, el Ministerio Público recuerda que para acceder a este proceso electoral a una candidatura se le exige bien el aval de 15.000 ciudadanos, bien el respaldo de 50 cargos públicos electos. La Fiscalía destaca que II-SP eligiera la segunda opción, así como el hecho de que más del 30 por ciento de los obtenidos sean de cargos electos de la ilegal Acción Nacionalista Vasca (ANV) o tengan vínculos estrechos con la izquierda abertzale.
Destaca también el hecho de que, ante unas elecciones de circunscripción única para todo el Estado, donde el partido acredita además su representación en casi todas las provincias, "se potencie políticamente y de modo casi exclusivo la ideología política independentista de una sola parte del Estado, la que se refiere al País Vasco, cuando las formaciones políticas que sostienen la candidatura propugnan la soberanía e independencia de otra comunidad autónoma distinta como es la de Castilla".
"Buena prueba de ello es que otros avalistas, cuando se dieron cuenta de a qué candidatura estaban avalando y de que la Fiscalía la estaba investigando por su presunta vinculación con las formaciones ilegalizadas, inmediatamente presentaron su revocación de avales", continúa el escrito. Ante ello, "aún a riesgo de reducir las precauciones que hasta ese momento habían venido tomando", hubieron de acudir a seis concejales de ANV de Villabona Guipúzcoa.
Esta impugnación de la Fiscalía, anunciada en la tarde de ayer, tiene el fin de impedir que la lista de Sastre concurra a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Se trata de una demanda de incidente de ejecución de sentencia, por entender que la candidatura pretende defraudar la aplicación de la sentencia que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003.
"Todas las circunstancias expuestas han llevado (...) a este Ministerio a tener que instar una solución tan grave desde la perspectiva de la proporcionalidad como es la de la anulación de una candidatura porque, a su juicio, la misma no es más que el fruto de un ardid, el instrumento fraudulento de una estrategia que únicamente persigue hacer efectivo el deseo de las formaciones ilegalizadas de continuar teniendo presencia en las instituciones democráticas".
