Rosa Díez, convencida de que al final el Ejecutivo acabará aplicando la Ley de Bases después de hacer sus "cálculos"
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró hoy que el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad están "vigilantes" para reunir pruebas que permitan impulsar la disolución de ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), pero recordó que, al menos en este momento, no es posible disolver todos estos consistorios en bloque, como reclaman el PP y UPyD. Además, pidió a todos los partidos que actúen con "responsabilidad" en este asunto y aconsejó que "la pasión no se imponga a la razón del Estado de Derecho".
Así lo explicó Salgado en el Pleno del Congreso en respuesta a la interpelación que le planteó la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien solicitó al Gobierno que aplique el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra que están gobernados por la ilegal ANV y poner así fin a lo que bautizó como "el mapa de la indignidad".
El Ejecutivo sostiene que la disolución conjunta de esos consistorios "no parece posible con la actual legislación", es decir, con la aplicación generalizada de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que la jurisprudencia constitucional establece que "para la disolución han de acreditarse de forma probada actuaciones reiteradas y graves de apoyo al terrorismo".
Salgado garantizó que el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado "están vigilantes" para conseguir prueban que acrediten "esas actuaciones". En este punto, explicó que el Ayuntamiento de Azpeitia (Guipúzcoa), donde ETA asesinó la semana pasada a Ignacio Uria, "condenó finalmente ese atentado, aunque fuera de forma tardía", una afirmación que después fue rebatida por Díez, quien recordó que ANV, que gobierna en esa localidad, se negó a esa condena y que lo que salió adelante fue un texto del resto de partidos que integran esa corporación.
NO BASTA CON LA SENTENCIA DE ILEGALIZACIÓN
Tras recordar que, según la doctrina del Constitucional, no se puede despojar de sus actas de concejales a los ediles de ANV, Salgado hizo hincapié en que la sentencia de ilegalización de esta formación tampoco "sirve de fundamento por sí sola" para lograr este objetivo.
La titular de Administraciones Públicas reiteró que la intención del Ejecutivo es "apoyar todas las actuaciones legales encaminadas a intentar que ANV no tenga ni un solo alcalde" y que continuará "trabajando" en la vía policial, judicial y de aplicación de la ley y con el compromiso de estudiar las reformas legales que sean necesarias. Eso sí, enfatizó que ese trabajo se hará "siempre con el consenso por delante y dentro del más absoluto respeto al Estado de Derecho y al marco constitucional".
En este punto, apeló a la "colaboración" de todas las fuerzas políticas, a las que aconsejó que actúen con "sentido de responsabilidad" y con "lealtad". "Para que la demoscopia no sustituya a la política, la discreción y la firmeza trabajen por el interés general y para que la pasión no se imponga a la razón del Estado de Derecho le emplazo al consenso político y a convenir todas las actuaciones legales precisas en el marco constitucional", afirmó Salgado en el hemiciclo.
La ministra echó mano del comunicado suscrito por todos los partidos y los agentes sociales tras el asesinato de Ignacio Uria, en el que se subraya que los terroristas no lograrán ninguna de sus pretensiones y que sólo les espera lo que disponga la Justicia. En este texto también se alude a la utilización de todos los instrumentos del Estado de Derecho que es justo lo que el Ejecutivo está aplicando contra ETA en una tarea "sistemática, metódica y constante".
También reprodujo documentos del PSE-EE para dejar claro el "compromiso inequívoco" de los socialistas contra el terrorismo. Recordó que sus compañeros vascos siempre han defendido "deslegitimar ética, política y socialmente a quien intenta dar cobertura al terrorismo" y que por eso está haciendo todo lo posible para que "no gobiernen ni una sola institución democrática" y han promovido y apoyado mociones contra los alcaldes de ANV.
Además, Salgado recalcó que el Ejecutivo actúa "buscando el máximo consenso" porque en este asunto no se trata de hacer "actuaciones de cara a la galería" o de buscar "protagonismos". Por eso, reclamó a los partidos que renuncien "a intentar sacar réditos de un tema en el que los ciudadanos esperan que, en lugar de hacer ruido, se unan".
DE CARA A LA GALERÍA "DE TIRO"
Estas palabras, que también eran un mensaje para el PP, irritaron a Rosa Díez, quien inició su turno de réplica confesando que no esperaba que Salgado utilizase "un tema tan serio para hacer demagogia". "De las bancadas espero ruido pero que hable usted de intervenciones de cara a la galería... ¿la galería de tiro, quizá?", preguntó a la ministra.
Díez explicó a Salgado que lo único que su formación está pidiendo, haciéndose eco de un "clamor democrático popular, que no es ni de izquierdas ni de derechas", es que el Gobierno aplique la Ley de Bases y disuelva los ayuntamientos de ANV, porque es el único que puede hacerlo. De hecho, denunció que el resto de las instituciones están "atadas de manos" en esta cuestión igual que lo estuvo el Tribunal Supremo, que sólo pudo anular las candidaturas de ANV que impugnó el Gobierno pero no todas las que esta formación presentó a las municipales de 2003.
En su rifirrafe con Salgado, Díez le espetó a la ministra: "Acepto que me diga que la ley que yo pido no sirve, pero no le acepto la demagogia y que hable frívolamente". También pidió "respeto" para su tarea de "impulsar la acción del Gobierno".
En este contexto, aseguró que "no es verdad" que para la disolución generalizada de los ayuntamientos haya que probar que los miembros de ANV "son terroristas" porque lo que dice la ley es que se puede actuar en este sentido contra las corporaciones locales que tomen decisiones "gravemente dañosas para los intereses generales" y que den "cobertura y apoyo expreso o tácito de forma reiterada y grave al terrorismo".
Díez reprochó a Salgado que el Gobierno instara la disolución del Ayuntamiento de Marbella "sin esperar sentencias de los tribunales" y reclamó que actúen ahora contra ANV porque pueden hacerlo. "No me diga que no pueden actuar o que quienes pedimos que actúen rompemos el consenso", se quejó. Es más, se mostró convencida de que el Gobierno aplicará el artículo 61 de la Ley de Bases "más bien pronto que tarde" pero cree que "mientras lo decide, calculan y reciben todos los informes jurídicos", el Ejecutivo se va a dedicar a "negar la mayor".
Asimismo, recriminó al Ejecutivo que una vez "rota la tregua" y el proceso de "diálogo o negociación" por el que permitió presentarse a ANV, "el mismo fiscal y el mismo ministro de Justicia que había comparado la ilegalización de ANV con "una especie de Guantánamo electoral" instaran su suspensión ante los tribunales.
