SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció hoy que su partido estudia la posibilidad de retirar el recurso que presentó en julio de 2005 ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la Ley Electoral andaluza que establece la obligatoriedad de alternar hombres y mujeres en las candidaturas a las elecciones autonómicas, lo que se conoce popularmente como listas 'cremallera', tras la decisión del TC de rechazar el recurso planteado por el PP contra la Ley de Igualdad a nivel nacional.
En una entrevista concedida a Europa Press, Arenas aseguró que la Ley de Igualdad ya avalada por el TC, que obliga a elaborar listas electorales paritarias --con una presencia mínima del 40 por ciento para cada sexo--, y la Ley Electoral Andaluz, que exige listas 'cremallera', son "cuestiones distintas", pero indicó que su partido "estudia si retirar o no el recurso" contra la norma andaluza porque "es presumible que el TC plantee una respuesta que no diste mucho de la que ha planteado a nivel nacional".
Tras señalar que su partido "respeta profundamente" la sentencia del TC que avala la Ley de Igualdad promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PP-A indicó que "tiene que quedar claro que en el PP creemos profundamente en la igualdad real de oportunidades de la mujer".
"NUNCA HEMOS CREÍDO EN LAS CUOTAS"
"Somos un partido que nunca ha creído en las cuotas y al que no nos ha parecido acertado hacer miméticamente listas electorales 'cremallera', alternando hombre y mujer", agregó Javier Arenas, que insistió en que "en el partido estudiaremos si retiramos o no el recurso" ante el TC contra la Ley Electoral andaluz desde un "profundo respeto" a la sentencia del alto tribunal en relación a la Ley de Igualdad.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, también se pronunció sobre este asunto en rueda de prensa para señalar que "las decisiones de los tribunales están para acatarlas" y recordar que, con independencia de su recurso ante el TC, el PP "ha cumplido con la ley" en la elaboración de sus candidaturas tanto a las elecciones autonómicas como a las generales.
Tanto PSOE como IULV-CA han pedido a los populares que "tomen nota" de la decisión del TC "en defensa de los derechos de la mujeres" al avalar la Ley de Igualdad y retiren el recurso contra la modificación de la Ley Electoral andaluza que establece la obligatoriedad de listas 'cremallera' en las autonómicas.
El TC admitió a trámite en septiembre de 2005 el recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley Electoral andaluza que establece la obligatoriedad de 'listas cremallera' suscrito por más de 50 diputados del Grupo Popular en el Congreso, por estimar que dicha modificación legal supone una "vulneración" de los artículos 6, 14, 20.1, 22.1, 23, 68.5, 81.1 y 149.1.1 de la Constitución, representa una "oposición frontal" al contenido de la Carta Magna y carece de "justificación normal".
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Los populares hacen especial referencia en su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, al contenido final de la modificación del artículo 23.1 de la citada norma, que establece que el "orden de colocación" de los integrantes de las candidaturas electorales debe realizarse "ocupando los de un sexo los puestos impares y los del otro los pares".
Entre los fundamentos de derecho del recurso, el PP asegura que la obligatoriedad de las 'listas cremallera' constituye una "barrera arbitraria" del legislador que, "al disponer una colocación alternativa hombre-mujer veta la posibilidad de formar parte de candidaturas, y por tanto de convertirse en representantes en el Parlamento a personas en razón de su sexo".
Junto a ello, los populares sostienen que la "desigualdad evidente contenida en la norma no puede ser exculpada como medida de discriminación positiva", consideran "extremadamente dudoso que un determinado sexo parta de una situación de postergación en el seno de la actividad política de Andalucía en general, o en el Parlamento en particular" y advierten de que esta modificación legal "supone la quiebra del sistema derivado de la democracia representativa, lo que exigiría una reforma constitucional".
Además el PP señala que los preceptos recurridos no sólo "violan la competencia reservada al Estado en relación con el derecho de acceso a los públicos", sino que también "lesionan la prohibición constitucional de definir por razón de sexo o género categorías dentro de los elegibles" y además "invaden inconstitucionalmente la esfera de libre actividad de los partidos políticos" garantizada por la Carta Magna.
