Archivo - El expresidente del PP de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, comparece en rueda de prensa, en el Hotel Helen Berger de Valencia, a 17 de noviembre de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La titular del Juzgado de Instrucció - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
El tribunal retrasa el inicio de la vista oral por la falta de salas
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha aplazado del 17 de enero al día 23 de ese mismo mes el juicio al ex presidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. La Fiscalía Anticorrupción pide que Camps sea condenado a dos años y medio de cárcel.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el tribunal ha tomado esta decisión ante la falta de salas de vistas. El calendario inicialmente fijado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal señalaba que el juicio se desarrollaría entre el 17 de enero y el 23 de mayo de 2023.
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, abrió juicio oral por este asunto en septiembre de 2019 sentando en el banquillo a Camps al considerar que hay "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".
De acuerdo con el relato judicial, el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes'; y el gerente de dicha empresa, Cándido Herrero, "se concertaron con Camps para que éste,como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del 'stand de Grandes Proyectos' de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market".
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps de prevaricación y fraude interesando una condena de dos años y medio de prisión, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE eleva su petición a 9 años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias, además de 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
