OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Unión Social Progresista de Corvera (USPC) contra el auto que acordaba el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en la querella criminal que el exalcalde de Corvera, Luis Moro, había interpuesto contra su sucesor, José Luis Vega, el concejal Rafael Alonso y varias personas más, acusándoles de fraude, prevaricación, estafa y falsedad documental por las actuaciones realizadas con motivo de la permuta de terrenos y adquisición de servidumbre en el ámbito del SAPU I en Los Campos. El consistorio ha informado este viernes, mediante comunicado de prensa, la decisión que fue tomada el pasado 1 de febrero.
La Audiencia, tras la toma en consideración de los documentos aportados y las declaraciones practicadas a las personas que intervinieron en los hechos, determina que el importe que SOGETESA abonó a RISCO ALTO obedecía a conceptos indemnizatorios tras haber llegado a un acuerdo entre las partes para solventar los perjuicios sufridos por Risco Alto como consecuencia de la modificación del plan parcial SAPU-I, según el comunicado del consistorio. Además, añade que "queda probado que dicho importe fue abonado por Asproast, quien lo entregó a Sogetesa para su abono a Risco Alto, por lo que los intereses municipales no están afectados con esa actuación".
La Audiencia, continúa el escrito municipal, determina que el contrato de permuta de la parcela sobre la que fue constituida una servidumbre, por otra de dominio público (decisión ratificada por el pleno), "no ocasionó perjuicio, puesto que con la declaración de nulidad del plan parcial, el terreno permutado volvería a tener la consideración de suelo edificable sin aprovechamiento".
"Se trata en definitiva de una más de las maniobras vengativas y rencorosas que orquestaban Moro y la USPC, para desprestigiar al PSOE, y al que sería su adversario en las elecciones, sin importarle para ello emplear el dinero de todos los corveranos para pagar un abogado de su confianza, que en el momento del cambio de gobierno tenía contratados una decena de juicios", ha indicado Rafael Alonso tras conocer la decisión judicial.
