La Junta de Gobierno Local ratifica la aprobación inicial de la ordenanza de ocupación y uso de la vía pública
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Xunta de Gobierno Local de Santiago de Compostela ha aprobado la ordenanza de ocupación y uso de la vía pública en la fase inicial de su admisión que, entre otros aspectos, recoge el cobro de tasas por cajeros, puntos de descarga de vehículos eléctricos o mesas informativas instaladas en la vía pública. Además, contempla que las máquinas expendedoras por regla general quedarán prohibidas en el espacio público, salvo en momentos excepcionales.
Según ha apuntado el concejal de Movilidad y Responsabilidad Ciudadana de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, tras la Junta de Gobierno local de este lunes, la ordenanza es "casi nueva" puesto que incluye "modificaciones importantes", .
Esta nueva ordenanza, que corresponde en un 90 por ciento a competencias de la Concejalía de Movilidad y en un 10 por ciento a la de Urbanismo, supone la separación en dos de la anterior ordenanza de 1998. De este modo, además de la orden de ocupación, una ordenanza de movilidad, que se encuentra "en trámite", regulará aquellos puntos relativos al tráfico.
Por su parte, la ordenanza de ocupación y uso de la vía pública regula aspectos que no estaban incluidos en la versión anterior. Entre las novedades destaca el ajuste de "artefactos para la construcción que no se recogían porque no existían" como montacargas, contenedores o casetas de obra, según ha informado Vázquez.
El borrador de esta ordenanza, según ha comentado, "se le ha pasado a los grupos municipales que forman parte del Ayuntamiento, tanto el BNG como el PSOE" y en el pleno de este jueves "irá la aprobación inicial", ha agregado Vázquez, quien espera la aprobación definitiva de la ordenanza en el pleno de junio.
TASAS Y SANCIONES
Además del uso de "artefactos", como montacargas y otros, otras actividades contarán con un proceso burocrático. Así, la solicitud de aparcamiento para carga y descarga u otros usos privados deberá reservarse, previo pago de la tasa correspondiente. Además, la ordenanza establece un período de antelación de "casi un año" para la solicitud de canalizaciones, como ha afirmado el edil de Movilidad.
Para quien infrinja estos y otros procesos, se establecen sanciones que oscilan entre los 500 euros las infracciones leves a 6.000 euros las más graves. Además, la inclusión de aquellas actividades que antes no estaban reguladas, supondrán el pago de las correspondientes tasas, antes inexistentes. A este respecto, Vázquez Aldrey ha apuntado que las modificaciones no se han hecho "desde un punto de vista recaudatorio", sino de regulador.
