MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá mañana si, como propone el Servicio de Inspección, expedienta a la juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia (Alicante), Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, por haber enviado un escrito al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, contra el teniente fiscal, José María López Coig, y en el que criticaba a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
La Disciplinaria del pasado 27 de septiembre decidió por tres votos a favor y dos en contra abrir diligencias informativas a la juez Alabau para determinar si la decisión de que dicho escrito se distribuyera a la prensa partió de la propia juez investigada. Una vez que el Gabinete de Prensa del TSJ valenciano ha confirmado este extremo, se volverá a estudiar la propuesta del Servicio de Inspección de expedientarla.
En su anterior reunión, el ponente del caso, el vocal independiente Agustín Azparren, consiguió convencer a los dos miembros de la comisión Disciplinaria partidarios de archivar las actuaciones contra la juez de Denia: el portavoz del CGPJ, Enrique López, y Carlos Ríos, de la mayoría conservadora, que finalmente votaron a favor de la apertura de diligencias informativas. En concreto, López era partidario del archivo al entender que en este caso se tenían que tener en cuenta todos los antecedentes, como la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y las declaraciones políticas realizadas sobre la propia juez.
La vocal de la minoría progresista Montserrat Comas y Alfons López Tena, nombrado a propuesta de CiU, entendían que debía abrírsele ya expediente disciplinario, tal y como había propuesto el Servicio de Inspección. En la reunión de mañana se volverá a someter a votación esta propuesta, consistente en expedientarla por la posible comisión de una falta grave del artículo 418.3, por sus críticas al Gobierno, y una falta grave del 418.5 o, subsidiariamente, leve del 419.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por desconsideración hacia el teniente fiscal.
ENVIADO A LOS MEDIOS.
En su escrito, que se remitió a los medios de comunicación, Laura Alabau pidió el pasado 24 de mayo al fiscal jefe del TSJCV que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Tras la aparición de algunas informaciones, en las que se decía que Alabau tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre homosexuales, y las declaraciones de López Coig al respecto, la juez envió a Ricard Cabedo un escrito en el que pedía la retractación del fiscal y mostraba su "preocupación" porque "esa información la ha proporcionado un miembro Ministerio Fiscal".
En el escrito, la juez aseguró que "todos los expedientes están resueltos mediante auto" y que "las incidencias de recursos o notificaciones no son de su incumbencia", aunque sí destacó que la situación del registro hace que "el único que conoce" su trámite sea el funcionario titular, de modo que "en los ocho días en los que éste estuvo atendiendo la guardia, el registro estuvo prácticamente paralizado".
A la juez le llamó "la atención" que el teniente fiscal "nunca hasta ahora se haya interesado por el trámite del Registro Civil y lo haga sólo respecto de los expedientes de matrimonios homosexuales, como si sólo ellos y no los demás tuvieran derechos fundamentales".
Así mismo, según agregaba el escrito, "cuando insinúa que yo he retenido esos expedientes está afirmando que he dado una orden en tal sentido al funcionario, lo cual es falso y constituye un delito por su parte"
PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO.
"Si hasta ahora he soportado la persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno sin defenderme ha sido por respeto precisamente a los derechos de todos los ciudadanos usuarios de mi juzgado, dando siempre prioridad a la resolución de sus asuntos frente a mis propios intereses", añadía.
Sin embargo, en el escrito la juez mostró su "especial indignación por el proceder de un compañero del Ministerio Fiscal", quien, en su opinión, "se convierte vergonzosamente en un apéndice de ese mismo Gobierno, al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".
