MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado conocimiento este miércoles de una petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Vallekas (PAH Vallekas) en la que se solicitaba la reprogramación de las salidas de comisiones judiciales para la práctica de desalojos forzosos y no urgentes de vivienda habitual. El órgano de gobierno de los jueces ha respondido que no puede atender dicha petición porque supondría dar instrucciones en materia jurisdiccional, lo que atenta contra la independencia judicial.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Consejo, que apuntan a que la reclamación del colectivo anti-desahucios no puede atenderse. Además de reprogramar las actuaciones, PAH Vallekas solicitaba su aplazamiento de oficio hasta la fecha en que los órganos de protección social informaran de que se hubiera logrado el realojo seguro y adecuado de los afectados en grave riesgo de vulnerabilidad social, o bien "hasta después de la alarma sanitaria" por covid.
Según el escrito de la PAH que ha llegado al Consejo existiría base legal, según el artículo 438.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que estableciera criterios generales en las actuaciones de los servicios generales procesales.
Basaban su petición también en el cumplimiento de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, en la Ley General de Salud Pública y en el artículo 3 del Código Civil sobre aplicación de normas jurídicas "en relación con su contexto actual". Desde el CGPJ se señala, sin embargo, que este órgano no puede dar instrucciones a los jueces sobre decisiones de carácter jurisdiccional que tengan que adoptar en su labor diaria.
El colectivo se pretendía una respuesta de la justicia dada la situación de pandemia por covid, especialmente en los municipios y barrios más afectados por la declaración del Estado de alarma y en las áreas especialmente restringidas por los gobiernos autonómicos.
PROTECCIÓN DE LOS MENORES
Incide esta plataforma en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en la especial protección que merecen los menores de edad, siendo específicamente el desahucio un escenario tipificado de riesgo en las últimas reformas legales de protección de la infancia y la adolescencia.
Añaden que el derecho a la protección de la salud de las personas, para ser efectivo, requiere la adopción por los órganos competentes de las administraciones públicas, como garantes de la salud en el ámbito de sus respectivas competencias, de las "medidas preventivas necesarias para asegurarlo".
"La salud también está íntimamente ligada al derecho a la vivienda", añaden, para apuntar que "si el contexto de normalidad cambia, algunas normas, reglamentos o protocolos han de ajustarse a la nueva realidad de alarma sanitaria y a los riesgos para la salud, con medidas cautelarísimas, extraordinarias y temporales oportunas".
Concluían su escrito recordando unas palabras del propio presidente del CGPJ, Carlos Lemes, durante el acto de apertura de los tribunales el pasado mes de septiembre: "Una prueba más de que, ante situaciones de dificultad, todos somos capaces de aportar, de dar lo mejor de nosotros mismos en aras del bien común y con el espíritu solidario, generoso y constructivo que nuestro país sabe demostrar cuando las circunstancias lo requieren".
