MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por terminada la investigación sobre el chivatazo al aparato de extorsión de ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y ha preguntado a la Fiscalía y al resto de partes personadas si debe volver a procesar a los tres imputados, archivar la causa o realizar nuevas diligencias.
Así consta en una providencia dictada por el juez instructor este lunes en la que pide al fiscal Carlos Bautista que valore "los indicios existentes" respecto del exdirector general de Políca Víctor García Hidalgo, el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, e interesen "las diligencias adicionales que estimen pertinentes".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que han sido "verificadas la totalidad de las diligencias en cumplimiento de lo dispuesto" por el auto que el Pleno de la Sala de lo Penal dictó el pasado 3 de noviembre y en el que revocaba el procesamiento de los tres imputados y le ordenaba "agotar la investigación".
En la causa, abierta por el juez Fernando Grande-Marlaska en 2006, se atribuye indiciariamente a los imputados un delito de colaboración colaboración con organización terrorista y otro de revelación de secretos, aunque la Fiscalía pidió en septiembre de 2011 que se remitiera a un juzgado de Irún por considerar que los hechos únicamente podían ser tipificados por este último delito o el de encubrimiento.
Según la tesis de la Fiscalía, basada en el informe de conclusiones del jefe de la investigación, Ballesteros se habría desplazado hasta el 'Faisán' para entregarle un móvil a su dueño, Joseba Elosua, al que Pamies habría comunicado la existencia de una operación policial contra ETA. Los hechos se produjeron mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevaba a cabo un proceso de negociación con la banda terrorista.
DILIGENCIAS CONSUMADAS
Ruz realiza esta petición a la Fiscalía tras dar traslado del informe definitivo de conclusiones que realizó la Guardia Civil, que apuntaba a Pamies y Ballesteros como autores de la delación y descartaba que la misma hubiera podido ser realizada por el jefe del equipo de investigación, Carlos Germán.
Entre las diligencias practicadas por el juez instructor también se encuentra un nuevo interrogatorio a Elosua, que el pasado 26 de marzo contradijo la versión que ofrecieron los imputados sobre la hora en la que se produjo el soplo.
El auto de la Sala de lo Penal, cuyo fallo se adelantó el pasado 21 de septiembre, destacaba que la instrucción judicial presentaba "inconsistencias relevantes" y que se debían llevar a cabo diligencias "complementarias o de contraste" ajenas a la tesis del equipo investigador. Los indicios contra los imputados, según la Sala, no eran "suficientemente firmes". "Si el cimiento falla, se desmorona el resto del edificio", decía la resolución.
