MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La subcomisión del Congreso encargada de la reforma de la Ley Electoral (LOREG) ha decidido adelantar un mes el censo válido para los comicios generales y limitar las actualizaciones en periodo electoral con el fin de evitar empadronamientos de conveniencia.
Actualmente, el censo que se utiliza en unas elecciones generales es el vigente en el primer día del mes anterior a la convocatoria formal de los comicios (casi noventa días antes de la votación), y al mismo tiempo hay un amplio margen para actualizaciones de datos y cambios.
Los partidos políticos, especialmente los grandes, aprovechan este marco legal para poder mover sus rostros conocidos a circunscripciones que les son ajenas pero en las que el resultado está ajustado se presenta incierto.
En las últimas generales se produjo un agrio enfrentamiento entre el PSOE y el PP después de que los socialistas situaran como cabeza de lista por Valencia a la vicepresidenta María Teresa Fernández Vega, que se empadronó en Beneixida para votar allí, un acto administrativo que los 'populares' tacharon de irregular.
CAMBIOS DE DOMICILIO, SÓLO DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
La propuesta que el PSOE y el PP presentaron ayer ante la subcomisión de reforma de la LOREG, que contó con el beneplácito del resto de formaciones, es adelantar el censo válido para unas generales de tal manera que se utilice aquel que está vigente el primer día del segundo mes anterior al de la convocatoria.
Al mismo tiempo, se regularán las posibilidades de hacer modificaciones en ese periodo electoral previo a los comicios de tal manera que, por un lado, prácticamente se limiten sólo a datos personales y a cambios de domicilio dentro de la misma circunscripción, y por otro se evite arbitrariedad en las autorizaciones que debe avalar la Oficina del Censo.
Además de este asunto, en su reunión de ayer la subcomisión parlamentaria encontró la fórmula legal para hacer irrelevante el papel de los concejales tránsfugas en las mociones de censura de los ayuntamientos.
Hasta hoy, para la presentación de una moción de censura se requiere la firma de la mayoría absoluta de los ediles de la Corporación, con lo que un concejal abandona su grupo y se puede convertir en árbitro del gobierno municipal en medio de la legislatura.
La propuesta de los dos grandes partidos, pasaría por reforzar esa mayoría absoluta requiriendo una firma más por cada tránsfuga que respalde la moción, de tal forma que el papel de los no adscritos dejaría de ser decisivo.
Con esta fórmula, que el resto de grupos parlamentarios han apoyado, el objetivo político de relegar a los tránsfugas se compatibilizaría con la doctrina del Supremo y del Constitucional que impiden restringir los derechos de los ediles no adscritos: Podrán seguir firmando y votando mociones de censura, y lo único que su papel quedaría diluido.
PERFILAR EL BLOQUEO A LOS TRÁNSFUGAS
La subcomisión que preside Alfonso Guerra se ha emplazado a su siguiente reunión, la próxima semana, para concretar la redacción de este cambio legal. También para más adelante han quedado las propuestas relativas al voto emigrante, donde los dos grandes partidos siguen trabajando en una propuesta que determine en qué comicios participarán los electores residentes en el extranjero.
Entre los grupos del Congreso hay cierto consenso en que los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no voten en las municipales, dado que no residen en la localidad y que la tendencia es abrir el voto a los inmigrantes que sí viven en España, a cambio de que nuestros emigrantes voten los gobiernos locales allí donde residen.
En cuanto a las elecciones generales, hay una propuesta para crear una circunscripción específica para los emigrantes en el Senado, pero tampoco hay unanimidad al respecto. Para el Congreso no se ven opciones de crear esa circunscripción especial, ya que la Constitución determina que en generales debe tenerse en cuenta la provincia.
Por otro lado, la subcomisión también está a la espera de recibir las propuestas del Ministerio del Interior para cerrar puertas a la presentación de candidatos vinculados al mundo de Batasuna, ampliando los plazos legales para solicitar la anulación de listas, y para evitar la presencia en ayuntamientos de ediles de formaciones ilegalizadas después de haber concurrido a unos comicios (incompatibilidad sobrevenida).
SUGERENCIAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Otro tema para próximas citas son las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para reformar la Ley Electoral (LOREG) en lo relativo a la contabilidad de los gastos electorales, que la institución fiscalizadora expuso en su día cuando se gestaba en 2007 la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
Así las cosas, el PSOE y al PP han anunciado al resto de grupos la posibilidad de pedir una prórroga de su mandato, que inicialmente concluye en mayo, con el fin de que ganar tiempo para resolver todos estos asuntos antes del verano y así asegurarse que, después de la tramitación parlamentaria correspondiente en el último trimestre del año, estén en vigor en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.
