CIUDAD REAL, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Angelina Martínez, consideró hoy que no era "oportuno" hacer una valoración sobre manifestaciones u opiniones, en relación con las manifestaciones de ayer del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJC-M), José Martínez Jiménez, sobre el caso de la muerte de una mujer en Alovera (Guadalajara).
En la propia capital alcarreña, Martínez Jiménez señaló que la mujer fallecida, "si no estaba suficientemente protegida", sí tenía un "grado de protección importante" porque convivía con "una persona que era militar", que también murió en el suceso, al igual que el agresor, ex marido de la mujer.
En declaraciones a los medios, Martínez, que asistió en Ciudad Real a la inauguración de la exposición "Caravana de los Derechos Humanos" que organiza el Consejo General de Colegios de Abogados de España, sí quiso puntualizar que el problema de la violencia de género en la región preocupa al Gobierno autonómico.
Asimismo, agregó que en este problema "estamos trabajando todos", que la Fiscalía "ha estado siempre cerca de la actuación del Gobierno", y que desde el punto de vista judicial se está manteniendo una "línea de cooperación".
Martínez estimó que no cree que haya habido fallos, sino que interpretó que hay cuestiones que son muy difíciles de controlar en temas de prevención o erradicación, debido a que la "intención de personas violentas, la intención que tenga en su cabeza, es muy complicado de controlar por otros".
En todo caso, según entendió la consejera, esto debe enseñar a seguir trabajando, "a prever lo que pudiera pasar aunque no pase, trabajando todos en una misma línea", concluyó.
TRANSFERENCIA.
Por otro lado, la consejera de Justicia no quiso poner fecha a la llegada de las transferencias en este campo a la Comunidad Autónoma, aunque explicó tras la constitución del nuevo Gobierno central y el final de la huelga de funcionarios se retomarán los contactos con el Ejecutivo central.
En todo caso, la consejera, que estimó que el problema del paro de los funcionarios se ha solucionado bien, entendió que el proceso de negociación está en su recta final.
