MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó hoy un plan preventivo de refuerzo que tiene como objetivos agilizar la carga de trabajo en los tribunales de la jurisdicción social y permitir al Estado ahorrar en los pagos por salarios de tramitación.
Mediante este plan preventivo, que no descarta otro tipo de medidas individualizadas para supuestos concretos, los 19 partidos judiciales que más retraso acumulan contarán con el apoyo de 35 magistrados, además de secretarios judiciales y personal funcionario.
Este personal no quedará adscrito a un único órgano judicial determinado, sino que se les asignará una determinada proporción de la carga de trabajo debida a procesos por despido. El plan tiene una duración inicial de seis meses (a partir del 1 de octubre de 2009) y una previsión económica aproximada de 950.000 euros, con posibilidad de prórroga según los resultados alcanzados.
Esta iniciativa del Ministerio de Justicia cuenta con mecanismos propios de control y ajuste, que permitirán medir sus efectos y desviar actuaciones concretas hacia aquellos elementos cuya respuesta no se ajuste a las previsiones.
En principio, con una media aproximada de 100 asuntos resueltos al mes por cada uno de los 35 jueces de refuerzo, podrían resolverse 3.500 asuntos. Así, sólo en los seis meses iniciales del Plan se podrán resolver unos 21.000 procesos, lo que supone el 42% de los procesos por despido registrados en el primer trimestre de este año.
RESPUESTA ÁGIL
Con esta medida, el Gobierno pretende ofrecer una respuesta ágil y efectiva, que permita reducir el número de procesos judiciales por despido en trámite y conseguir, en la medida de lo posible, que la tramitación del proceso no supere el plazo de sesenta días que genera la obligación del pago de salarios de tramitación por parte del Estado.
El notable incremento de la litigiosidad laboral y el progresivo aumento de las tasas de pendencia y congestión que estos tribunales vienen registrando en los últimos meses, han generado efectos colaterales como el aumento del gasto que supone el pago por el Estado de los citados salarios de tramitación.
Así, en el período 2002-2008, se han tramitado una media anual de 902 expedientes de pago de salarios de tramitación, con un importe medio anual de 5.514.513,5 euros. En los últimos cuatro años esa cifra ha superado los 7 millones de euros en cada ejercicio.
El estudio comparado de los distintos órganos del orden jurisdiccional social ha permitido localizar algunos partidos judiciales donde esta situación produce singulares efectos. De este modo, se detecta que, en términos totales, el 75% de los expedientes de pago de salarios de tramitación se concentran en los Juzgados de lo Social de Barcelona, Las Palmas, Elche, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia.
Si estos juzgados funcionaran según los valores medios nacionales del año 2008, el Estado se ahorraría más de dos millones y medio de euros anuales (un 45% del gasto medio anual por este concepto y más de un 30% del importe abonado en 2007).
