Reclaman al juez que exija a Banco de España, Tesoro, CNMV, Economía, y Justicia unos informes de 2002 que prueban su negligencia
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los representantes legales de los afectados por las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa han pedido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que obligue a los principales organismos económicos del Estado a "aportar con carácter de urgencia" unos dictámenes jurídicos elaborados en 2002 que demuestran que no evitaron que las filatélicas siguieran captando clientes a pesar de conocer que operaban sin regulación.
Los abogados piden que "sean aportados de una vez por todas" a los procesos judiciales los seis dictámenes jurídicos que demuestran el debate abierto por el Banco de España, los Ministerios de Economía y Justicia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre quién tenía la competencia legal para supervisar a las filatélicas con conclusiones contradictorias, según el escrito al que tuvo acceso Europa Press.
A esta petición, presentada hoy ante la Audiencia Nacional por el bufete Osorio & Asociados, se adherirán 160.653 afectados representados por las acusaciones particulares de los bufetes Val Abogados, Aequo Advocats, Gil Robles Abogados, así como la asociación Adicae, entre otros, según confirmaron sus respectivos representantes a Europa Press. Además, los letrados pedirán su incorporación al proceso Contencioso-Administrativo que decidirá sobre la resposansabilidad patrimonial del Estado.
En el escrito se pide tambien que declaren como testigos los autores de los informes y se acusa al actual secretario general y director de los servicios jurídicos de la CNMV, Javier Pellitero, de "incurrir en un delito de desobediencia" a la Justicia, dada "su pertinaz resistencia" a entregar toda la documentación sobre las filatélicas requerida tanto por Garzón, instructor de Fórum, como por Santiago Pedraz, instructor de Afinsa.
PERMITIERON QUE CAPTARAN 2.691 MILLONES.
La no intervención de los organismos del Estado en 2002 provocó que entre 2003 y 2006, las filatélicas captaran un total de 2.691 millones de euros. Fórum formalizó 76.752 nuevos contratos y captó 1.278 millones de euros, mientras que Afinsa consiguió 4.484 nuevos clientes que aportaron un total de 1.413 millones de euros, según los datos registrados en los informes concursales de las compañías.
El Ministerio de Economía analizó los dictámenes de los distintos organismos en un informe emitido el 14 de febrero de 2002 y concluyó que era "la propia CNMV el organismo competente para realizar las investigaciones que considera oportunas y, en su caso, proceder a la apertura del procedimiento sancionador que corresponda", basándose en el artículo 2 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (LMV), según el informe al que tuvo acceso Europa Press.
Sin embargo, la CNMV no asumió dicha competencia mediante un segundo informe, de fecha 27 de febrero de 2002, en el que rechazó su responsabilidad sancionadora al concluir que el artículo 26 bis de la reformada LMV de 1998, que regula los casos de captación ilícita, "no podía servir para aplicarla" a la compra-venta de sellos, según el informe.
Ante estas discrepancias, el Ministerio de Justicia emitió un informe con fecha del 17 de abril de 2002 en el que concluyó que la compra-venta de sellos era "captación de ahorro del público" y "una actividad en principio lícita, sin bien carente de regulación propia y específica, sometida a las previsiones del Código Civil y del Código de Comercio sobre obligaciones y contratos, y a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios", según el dictamen a que tuvo acceso Europa Press.
El Gobierno del PP aprobó el noviembre de 2003 la llamada Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que dejó a las filatélicas bajo la competencia del Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas hasta la intervención judicial del 9 de mayo de 2006, de la que mañana se cumplen tres años.
Las personas que participaron en los informes fueron: el entonces director del servicio jurídico del Banco de España, Francisco Javier Priego; el entonces secretario del consejo de la CNMV, José María Garrido García; la que era directora general del Tesoro, Gloria Hernández García, la subsecretaria general de recursos y reclamaciones del Ministerio de Economía en 2002, Silvia García Malsipica, y el abogado del Estado Arturo García Tizón.
