Fedeca considera que el Gobierno actuó de "mala fe" y vulneró la legalidad de los procedimientos de aprobación normativa
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los altos funcionarios del Estado recurrirán ante la Audiencia Nacional el Real Decreto Ley (RDL) que incluyó el recorte salarial a los funcionarios y la congelación de las pensiones con el objetivo de que los jueces eleven su petición ante el Tribunal Constitucional para que estudie si el Gobierno vulneró la Constitución en el trámite de aprobación.
Según confirmó el portavoz de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) Rafael Coloma a Europa Press, el RDL es "ilegal" y contiene "numerosos fallos de fondo y forma que lo hacen inconstitucional", por lo que pedirán su "anulación" ante los tribunales.
Fedeca presentará su recurso conjunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y éste se complementará con recursos individuales presentados por cada uno de sus asociados ante los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes a sus respectivos lugares de residencia.
Fedeca alega que la tramitación del decreto fue ilegal, porque carecía de la "extraordinaria" y "urgente" necesidad que requiere el Gobierno para aprobarla, tal y como obliga el artículo 84 de la Constitución Española (CE), según el documento que servirá de base para el recurso definitivo, al que tuvo acceso Europa Press.
Respecto a las pensiones, el sindicato se pregunta cómo se justifica la urgente necesidad cuando la congelación se prevé para enero de 2011 y su aprobación tiene que figurar en los Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a las retribuciones de los funcionarios, Fedeca reconoce que existe una situación de crisis, pero recuerda que ésta ya se conocía "hace dos años" y el Gobierno no vio entonces "ninguna situación extraordinaria", tal y cómo figura en el documento, cuyo contenido adelantó hoy 'Expansión' en su edición 'online'.
"MALA FE" DEL GOBIERNO.
Además, Fedeca alega que el Gobierno pactó hace cinco meses con los principales sindicatos una subida de sueldo a los funcionarios que ahora queda anulada "unilateralmente" por el decreto aprobado el pasado 20 de mayo.
"Se hace hincapié en la mala fe del decreto por contradecir una Ley de este mismo Gobierno, porque no existe el principio de inderogabilidad singular de leyes de carácter general por otras, como sucede en el ámbito reglamentario", apunta el documento.
Así, el sindicato acusa al Gobierno de contradecir con el RDL el Estatuto Básico del Empleado Público y vulnerar los pactos alcanzados con los sindicatos más representativos en la negociación colectiva, tal y cómo recoge en artículo 31 de la CE.
Por otro lado, Fedeca recurre también la "irregularidad" cometida por el Gobierno por la corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado (BOE) respecto a la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos.
Coloma destacó que existen "medidas alternativas" al RDL para luchar contra el déficit de las cuentas públicas y señaló que la situación económica "exige sacrificios" por parte de los funcionarios, pero revela la necesidad de realizar cambios estructurales "de calado" en la Administración.
