Fundada en 1948, ha perdido su razón de ser con el desarrollo de la política de Defensa en la UE que introduce el Tratado de Lisboa
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
España se ahorrará unos dos millones de euros anuales con la desaparición prevista en 2011 de la Unión Europea Occidental (UEO), una organización internacional de cooperación para la defensa y la seguridad que reúne a 28 países, diez de ellos miembros de la UE junto a otros socios de la OTAN, como Noruega, Islandia y Turquía, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
Eso sí, podría tener que hacer frente, junto al resto de socios, a algún tipo de desembolso para sufragar los gastos que se deriven de la desaparición de la organización y de sus puestos de trabajo, precisaron las fuentes.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Lossada, ha anunciado hoy en el Congreso que el Gobierno se dispone a pedir autorización a las Cortes, como establece la Constitución, para solicitar su salida formal de la UEO.
Esta decisión se produce en aplicación del anuncio realizado el pasado 31 de marzo por los diez países miembros de la UE que participan en la UEO, fundada en 1948, (España, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido). En un comunicado, informaron de que se iniciaba el proceso de desaparición de la UEO, de forma que todas sus actividades deberán concluir "antes de fin de junio de 2011", precisó Lossada.
El secretario de Estado explicó ante la Comisión de Asuntos Exteriores que la desaparición de la UEO es una "primera consecuencia" de la "simplificación de las estructuras de seguridad del continente" que "lleva aparejada" el Tratado de Lisboa, que introduce la llamada cláusula de solidaridad, que obliga a los Estados miembros a prestarse ayuda en caso de que uno de ellos sufra un ataque terrorista u otra catástrofe.
"La UEO ya no tiene una tarea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una actividad bajísima desde hace 10 años tras haber asumido la UE sus competencias en gestión de crisis en el año 2000", aseguró. De hecho, el único órgano de la UEO que se mantenía activo era su Asamblea parlamentaria.
Para abandonar la UEO, un Estado miembro debe presentar denuncia del Tratado de Bruselas ante el Gobierno de Bélgica, depositario del mismo, con un año de antelación, tal y como estipula el artículo XII del Tratado.
LAS CORTES SE ADELANTARON
España, que se adhirió a la UEO en 1990, tendrá que pedir autorización primero a las Cortes Generales, quienes en diciembre de 2008 dejaron de financiar los viajes de la delegación española a la Asamblea parlamentaria de la UEO, que también desaparecerá en junio de 2011.
El diputado de CiU Jordi Xuclà, que forma parte de la delegación española de la Asamblea de la UEO y que en junio pasado tuvo que pagar de su propio bolsillo el desplazamiento y estancia de dos días en París para poder presentar un informe sobre las relaciones entre Europa y EEUU ante el Pleno de la Asamblea, consideró "coherente" la decisión "unánime" de los Estados miembros de denunciar el Tratado de Bruselas una vez que el Tratado de Lisboa está en vigor.
Sin embargo, advirtió de que la decisión de las Cortes en diciembre de 2008 de dejar de financiar los desplazamientos de parlamentarios españoles a la Asamblea de la UEO "violentaba como mínimo una competencia exclusiva del Ejecutivo", el único que puede denunciar el Tratado de Bruselas.
Lossada subrayó que a pesar de la desaparición de la UEO y su Asamblea los parlamentos nacionales "seguirán teniendo un papel clave para el control de la política común de seguridad y de defensa".
"En primer lugar, a través del control que ejercen sobre la política de los respectivos gobiernos en este ámbito pero también mediante el desarrollo de los mecanismos de cooperación interparlamentaria contemplados en el protocolo 1 del Tratado de Lisboa sobre el papel de los parlamentos nacionales en la UE, sin perjuicio de las competencias del propio Parlamento Europeo", señaló.
España fue el primer país que retiró en la práctica a su delegación en la Asamblea, lo que provocó malestar en el seno de este órgano, cuyos máximos responsables se dirigieron sin éxito a los presidentes del Congreso y Senado españoles, José Bono y Javier Rojo, para intentar revertir la situación.
Reino Unido, sin embargo, fue el primer país que anunció en marzo pasado su intención de denunciar el Tratado de Bruselas para abandonar este organismo.
