MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, acusó hoy al PP de ser "extremadamente cínico" por pretender que el Estado se responsabilice "ahora" de las "inversiones fallidas" cuando fue una ley aprobada durante el Gobierno de José María Aznar la que fijó que no tendría que responder con respecto a la garantía de las inversiones no financieras.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, consideró además que el mensaje, según él, "populista y demagógico" del PP "no merece ninguna confianza" ya que, dijo, fue este partido el que "dejó clavado en el ordenamiento jurídico todo el conjunto de leyes que desrresponsabilizaron al Estado" y trasladaron "a las Comunidades Autónomas, a través de las autoridades de consumo, toda responsabilidad" de modo que, al no existir un "régimen jurídico" en este ámbito "estas personas han quedado desprotegidas".
"El Partido Popular no puede practicar cínicamente el doble lenguaje de haber jugado, después de que la Agencia Tributaria hubiese empezado sus investigaciones, a desrresponsabilizar al Estado y ahora pretenda que el Estado se erija responsable subsidiario antes de que los jueces se pronuncien sobre las responsabilidades directas y no subsidiarias", afirmó.
El titular de Justicia aseguró que, a pesar de que todo indica por el momento que el Estado fue desrresponsabilizado con respecto de la garantía de estas inversiones que no eran financieras por esa ley aprobada en 2003, "el Gobierno va a arrimar el hombro" en esta cuestión y "muestra sensibilidad ante la consternación y la indignación de los afectados".
En concreto, precisó que el Ejecutivo "va a ayudar al poder judicial a hacer su trabajo" y mencionó que el Ministerio de Justicia ya se ha puesto en contacto con la Audiencia Nacional para poder "articular una oficina y ventanilla única que pueda atender las demandas y la asistencia necesaria a los afectados y sus asociaciones".
López Aguilar afirmó que el Gobierno está "cerca, próximo y solidario de la consternación y la incertidumbre y la angustia de tantos pequeños ahorradores que depositaron su confianza en quien no la merecía", por lo que ya ha manifestado su "voluntad de prestar apoyo, auxilio y asistencia jurídica gratuita a las personas y a las asociaciones".
También indicó que el Gobierno está dispuesto a crear la "infraestructura y la logística necesaria" para que esa "miríada de formaciones y grupos de afectados y asociaciones en el ámbito del consumo dependiente de comunidades autónomas que tienen regímenes distintos puedan tener la concertación necesaria para ser efectivas a la vista de un proceso judicial que establecerá la verdad y las responsabilidades".
En este sentido, matizó que "todavía hay muchas incógnitas que deben ser despejadas", como cuántos afectados hay por la presunta estafa o cuál es el importe total "de lo que aparenta ser una estafa piramidal de proporciones no conocidas hasta ahora" y, a partir de ahí, cuál es el régimen jurídico que dilucidará quién es responsable y por cuánto.
