El Supremo impuso una multa de 2.500 euros por no cumplir la obligación de los testigos de responder a todas las partes
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La exdiputada de la CUP Eullia Reguant comparece este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, María Antonia de Torres, por un presunto delito de desobediencia al negarse a contestar en el Tribunal Supremo a las preguntas formuladas por la acusación popular de Vox durante el juicio por el proceso independentista en Cataluña.
La jueza de Madrid investiga tanto a Reguant como al exdiputado de la misma formación Antonio Baños --cuya declaración se ha aplazado hasta el 18 de marzo por motivos laborales y se hará por videoconferencia-- después de que el Tribunal Supremo dedujera testimonio por no cumplir la obligación que tienen los testigos de contestar a todas las partes.
El alto tribunal les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno de ellos por esta negativa, que fueron sufragados con aportaciones de ciudadanos a la denominada caja de solidaridad e instó a que un juzgado ordinario les investigara por desobediencia.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
El pasado 14 de febrero, en rueda de prensa, ambos investigados anunciaron que alegarían ante la jueza de Madrid objeción de conciencia por la existencia de una "vinculación de la judicatura con el franquismo" y con Vox, quien propuso sus testificales.
Según Reguant, su objetivo fue y sigue siendo "mostrar cómo la presencia de Vox no se podía entender como una anomalía, sino como un elemento más de este engranaje del Estado".
Así, dio por hecho que tanto ella como su compañero de partido irán a juicio porque no cree que un juez instructor "contradiga" al Supremo, pero ha asegurado que asumirán las consecuencias de su negativa a responder a Vox, por lo que pueden afrontar hasta un año de cárcel por el delito de desobediencia.
OCTAVA SESIÓN DEL JUICIO POR EL 'PROCÉS'
Todo ocurrió el 27 de febrero de 2019, en la octava sesión del juicio por el 'procés'. El primero en negarse fue Baños que comunicó al tribunal que no contestaría a Vox "por dignidad democrática y antifascista", pese a que el presidente del tribunal, que juzgó a 12 líderes independentista, Manuel Marchena le advirtiera de que el derecho a no declarar sólo lo tienen los acusados, así como de las posibles consecuencias penales.
El magistrado incluso llegó a proponerse como interlocutor para que el testigo contestara a la Sala y no al abogado de la acusación popular y así tratar de reconducir la situación, pero Baños también rechazó su propuesta.
El turno siguiente fue el de Reguant, quien pidió poder declarar en catalán y comunicó también su intención de negarse a contestar a Vox, partido al que definió como "de extrema derecha, machista y xenófobo".
