Publicado 16/12/2020 15:16CET

El exsenador del PSOE imputado en una pieza del caso Villarejo se acoge a su derecho a no declarar ante el juez

José Manuel Villarejo (arxiu)
José Manuel Villarejo (arxiu) - CEDIDA - Archivo

Se le investiga como supuesto intermediario entre Cenyt y el empresario José Moya, que requería sus servicios

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem'. Había sido citado en calidad de investigado en el marco de la pieza 25 por haber ejercido presuntamente ed intermediario entre la empresa Cenyt --propiedad del comisario José Manuel Villarejo-- y el empresario José Moya Sanabria.

Según fuentes jurídicas que han asistido a la comparecencia, consultadas por Europa Press, el exsenador ha comparecido por videoconferencia y, si bien no ha querido responder a las preguntas que pudiera formularle tanto el magistrado Manuel García Castellón como la fiscalía, habría señalado que más adelante una vez pueda formarse sobre el asunto no tendría inconveniente en declarar. Ante esto, según estas fuentes, el juez le habría advertido de que su oportunidad para declarar era la de hoy.

En esta pieza se investiga el encargo realizado por Moya a la empresa de Villarejo, que permanece en prisión provisional desde noviemmbre de 2017, y que tendría por objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora del empresario en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

García Castellón imputó por este proyecto --al que el comisario denominó 'Saving'-- tanto al exsenador del PSOE como a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al empresario José Moya, a uno de los directivos de su empresa, Raúl Jara, y a Leticia Sánchez Mendoza por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El precio de este trabajo habría ido desde los 375.000 euros a los 1,2 millones, e incluiría --según adelantó El Mundo-- análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

Este miércoles, también estaba citado a declarar José Moya, pero finalmente no ha comparecido por enfermedad, por lo que se le asignará nueva fecha. Quien sí ha declarado ha sido Raúl Jara Lorenzo quien ha afirmado que conocía la relación de amistad entre Francisco Rodríguez --al que denominaban coloquialmente Curro-- y José Moya, y que el exsenador era miembro de la fundación de la empresa de Moya.

No obstante, Jara ha apuntado que desconoce si el exsenador percibió dinero por el contrato de Cenyt o si la labor de 'Curro' en este caso fue la de intermediario. Las fuentes consultadas han destacado que Jara sí ha señalado que las facturas por los trabajos realizados por Cenyt, y que iban a cargo de la empresa de Moya, tenían un concepto distinto al del servicio prestado por la empresa y que la orden de abonar las mismas venía de Moya.

Por otro lado, la declaración de Leticia Sánchez tampoco se ha producido, y otro de los citados, pero éste en calidad de testigo, Antonio Fernández López, ha informado al magistrado que declinaba ejercer la acusación particular como perjudicado, ante lo cual García Castellón le ha preguntado si esa decisión era consecuencia de haber recibido presiones. Fernández ha negado que fuera por ese motivo.

EL PROYECTO 'SAVING'

Ese 'proyecto saving' tiene su origen en la operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito. Al sospechar que "podría haber algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", el empresario en 2011 decidió acudir a Villarejo.

El diseño de Villarejo para abordar el problema constaba de tres fases, debía recuperar el estatus jurídico de José Moya, disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses y ayudarlo a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Según destacaba El Mundo, en la investigación realizada por la Audiencia Nacional se ha podido acreditar la existencia de al menos cuatro abonos realizados por la empresa de Moya a las cuentas de las mercantiles de Villarejo. Y en los audios que fueron incautados en la entrada y registro de la casa del comisario queda claro el preponderante papel que desarrolló el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, persona de la entera confianza de José Moya.