MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha avisado al Gobierno de que no puede aprobar este viernes en Consejo de Ministros un plan de reorganización de las administraciones y reparto de competencias sin pactar antes con los ayuntamientos, que asumen un 26 por ciento de prestaciones que legalmente corresponden a otras administraciones.
Así lo han expresado los vicepresidentes de la Federación, el socialista Abel Caballero y el 'popular' Fernando Martínez Maillo, tras reunirse en el Congreso con los portavoces de PP, PSOE e IU para analizar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno. Según han desvelado, la FEMP está elaborando un documento que el encargó el Gobierno sobre reparto competencial y duplicidades y aún no lo ha finalizado.
"Por eso sabemos que mañana no se puede aprobar ninguna Ley sin que previamente haya sido hablado con los representantes de los 8.100 municipios", ha dejado claro Caballero después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciara que el plan nacional de reformas que el Ejecutivo enviará a Bruselas incluirá un proyecto para reestructurar la administración.
El vicepresidente de la FEMP ha coincidido en la necesidad de que cada competencia sea asumida "exclusivamente" por una administración y ha adelantado que gran parte de los servicios que prestan las comunidades autónomas o las diputados podrían ser ofrecidos en mejores condiciones por los municipios, que están "mejor preparados y tienen la cercanía".
A juicio de Caballero, esta reorganización debe "potenciar" el appel de los ayuntamientos, ya que a su juicio las comunidades autónomas "tienen una hiperinflación de competencias que debemos prestar otras instituciones".
NEGOCIACIÓN DE MESES
En el mismo sentido, el vicepresidente segundo de la Federación, el 'popular' Fernando Martínez Maíllo, ha asegurado que el documento está "prácticamente" terminado para hacérselo llegar al Gobierno y ha emplazado a "los próximos meses" la negociación sobre qué competencia debe asumir cada administración.
"Es una buena iniciativa del Gobierno, pero hay que seguir adelante", ha sostenido Maíllo antes de explicar además que buena parte de los problemas de financiación están derivados de ese 26 por ciento de competencias que asumen sin tenerlas asignadas.
