MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que este jueves comienza su tramitación parlamentaria es "más garantista" aportando una mayor libertad y seguridad jurídica al ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. "Es una ley para el siglo XXI", ha expresado.
Antes de participar en la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial celebrada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ministro ha sido preguntado por las críticas de la norma que la oposición califica como "ley mordaza".
Fernández Díaz ha respondido que tras tres horas de debate en la Cámara Baja "queda claro que es una ley más garantista, que garantiza mejor la seguridad ciudadana con más libertad y garantiza con más seguridad jurídica los derechos de todos los ciudadanos". "Por lo tanto, es una ley para el siglo XXI, para proteger un bien jurídico tutelado por la Constitución como es la seguridad ciudadana", ha remachado.
De este modo, ha aseverado que la norma se asienta desde la concepción de que la seguridad ciudadana es un "requisito previo para poder disfrutar pacíficamente de los derechos y libertades que la Constitución reconoce a los ciudadanos".
El ministro ha eludido responder sobre las imágenes sobre Melilla conocidas este jueves después de que la ONG Prodein haya difundido un vídeo en el que se ve cómo se devuelve a Marruecos, herido y seminconsciente, a un inmigrante que participó en el salto a la valla fronteriza de Melilla este miércoles.
Fernández Díaz ha acudido al órgano de gobierno de los jueces para participar en la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y a la que ha asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
También han estado presentes el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el consejero de Interior de Cataluña, Ramón Espalader; la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Navarra, Javier Morrás; el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán y el magistrado Manuel García Castellón, como secretario de la Comisión.
La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial se creó en 1987 con el fin de armonizar y lograr la unidad de la dirección en las fuerzas adscritas a la investigación criminal. Entre otras funciones, elabora estudios sobre la evolución y el desarrollo de la delincuencia, emite informes o realiza propuestas de planes generales de actuaciones de la Policía Judicial contra la criminalidad y unifica criterios o resuelve eventuales incidencias que dificultan el adecuado funcionamiento de ésta.
