MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que se imponga a los presos arrepentidos de ETA Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, a los que el juez central de Vigilancia Penitencia, José Luis Castro, ha concedido la libertad condicional, el alejamiento obligatorio del término municipal de Bilbao, donde residen los familiares de sus víctimas.
Castro decretó el pasado 7 de mayo la puesta en libertad condicional de ambos tras constatar que habían manifestado su "renuncia a la violencia", habían pedido "perdón a las víctimas" y satisfecho la responsabilidad civil que se les impuso por los atentados por los que fueron condenados.
Se trata de los dos primeros reclusos de la banda acogidos a la denominada 'vía Nanclares', en la que se integran los etarras que renuncian a la violencia terrorista, que logran esta concesión tras beneficiarse del tercer grado penitenciario. De este modo, ya no tendrán que acudir a la cárcel para dormir, como hacían hasta ahora.
El fiscal Carlos Bautista especifica ahora en sendos escritos que la libertad condicional supone "una salida y convivencia ininterrumpida en el exterior" de los penados y un "pleno contacto con la sociedad a la que en su día hirieron con su delito".
Por ello y dados los "crímenes especialmente sanngrientos" que en su día cometieron los dos presos arrepentidos deberían en su opinión quedar limitados "los lugares y las zonas" donde se desarrolle su nueva "etapa vital".
El fiscal considera que para que esta limitación se cumpla no basta un simple compromiso de libertad y que sería "imprescindible" una "regla de conducta coactiva".
Bautista justifica este tipo de prohibición asegurando que en estos casos debe tener más peso "la protección de la víctima" y que esta "debe extenderse a su equilibrio psicológico y emocional de un familiar que pudiere ver al autor de los crimenes que han acabado con la vida de un ser querido".
"PROYECTO DE VIDA FUERA DE BILBAO"
Para acceder a la libertad condicional los dos etarras tendrán que abonar la responsabilidad civil que les resta por satisfacer, quedar sujetos al cuidado y la vigilancia de un familiar y residir en el lugar que designen, debiendo comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio.
De Luis Astarloa, por su parte, ya se ha comprometido a desarrollar "su proyecto de vida" fuera de Bilbao, el entorno en el que se desarrolló su actividad delictiva, y a satisfacer "en pagos mensuales fraccionados" el abono de la responsabilidad civil derivada de sus delitos.
Los dos presos, que manifestaron por escrito su "total desvinculación" de la banda terrorista ETA, también serán sometidos a seguimiento por los servicios sociales penitenciarios correspondientes y podrán participar, si lo desean, en encuentros con las víctimas.
En el caso de Fernández Pérez de Nanclares, el juez constataba como "factores favorables" a su libertad condicional "el avanzado estado de cumplimiento de la condena, el apoyo familiar e institucional, la antigüedad de los hechos delictivos y la posibilidad desarrollar actividades formativas de inserción laboral en el exterior". También destacaba que "ha aprovechado de forma positiva el tiempo en prisión para formarse desde el punto de vista intelectual y practica deportes alternativos".
El etarra, que fue expulsado del colectivo de presos de ETA, cumplió las tres cuartas partes de su condena el pasado 22 de junio de 2011 aunque le restan otros seis años hasta que se produzca la liquidación de su condena, fijada para mayo de 2018. Fue condenado, entre otros hechos, por los asesinatos del guardia civil José San Martín Bretón, ocurrido en Getxo (Vizcaya) el 25 de febrero de 1992.
"EXCELENTE CONDUCTA"
Por lo que respecta a De Luis Astarola, el juez Castro ponía de manifiesto que su conducta penitenciaria es "excelente" y que se encuentra "realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean", de forma que ha culminado el proceso de "modificación de los aspectos de su personalidad que determinaron su actividad criminal".
El etarra, que se encuentra en tercer grado desde el pasado 20 de octubre, integró el 'comando Orbaiceta' y en 1990 fue condenado a 29 años de cárcel por asesinar a un peluquero en Portugalete (Vizcaya). La misma pena le fue impuesta en 1992 por el asesinato de un taxista en Bermeo (Vizcaya). La víctima, Juan José Uriarte Orue, era primo del entonces obispo auxiliar de Bilbao Juan José Uriarte.
