MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha negado que esté dando un trato de favor a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por el hecho de facilitarle asistencia jurídica sin contraprestación y lo achaca a que dicha entidad está vinculada a Patrimonio Nacional y tiene un estatus especial que, aunque tiene carácter transitorio desde los años ochenta, sigue sin modificarse.
Fue Compromís quien pidió explicaciones al Gobierno en el Congreso tras publicarse el pasado enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que permita a esta entidad contar con abogados del Estado en sus posibles litigios.
El diputado de Compromís, Joan Baldoví, denunciaba "un trato muy distinto" con otras fundaciones, que por los servicios de la Abogacía del Estado pagan anualmente una cantidad que en algunos casos llega hasta los 20.000 euros.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno recuerda que la Ley de Patrimonio Nacional de 1982 atribuye a su Consejo de Administración el patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957. Ese encargo era provisional, "mientras el Gobierno no actualice su régimen jurídico", pero lo cierto es que se mantiene así en la actualidad.
Y dadas las características de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que hasta la fecha ha desarrollado su actividad por medio de los recursos y personal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, el convenio establece que no tiene que satisfacer contraprestación por esos servicios de asistencia jurídica en los procedimientos judiciales que le afectan.
¿Y POR QUÉ NO OTRAS FUNDACIONES?
Sobre el hecho de que otras fundaciones sí tengan que abonar contraprestación, el Gobierno señala que Patrimonio Nacional, en su función de Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, "desconoce las razones por las que otras fundaciones no han suscrito convenios similares".
Aunque desde 2015, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional ha venido adoptando una serie de acuerdos y realizando una serie de actuaciones para regularizar las relaciones económicas con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Gobierno admite que "resulta indispensable una actualización del régimen jurídico del Valle de los Caídos ya prevista" en las leyes de Patrimonio Nacional y de Memoria Histórica.
Patrimonio Nacional ya se ha pronunciado en favor de esta actualización dado que la fundación "no presenta los rasgos que aconsejen la integración de sus derechos de patronato en el Patrimonio Nacional, cuyos fines y calificación jurídica de sus bienes y derechos de patronato, se establecen en su ley reguladora".
