SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que las medidas que se incluyen en el plan económico-financiero aprobado por su Gobierno y en el que se contempla un recorte de 2.500 millones de euros se han adoptando tanto por "imperativo legal" en algunos casos como por "responsabilidad política" porque se quiere contribuir a que España sea valorada internacionalmente como se merece.
En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Griñán ha señalado que Andalucía ha sido "coherente" con la difícil situación económica que se está viviendo y responsable, lo que ha llevado a la elaboración de un plan económico-financiero que permita cumplir con el objetivo del déficit del 1,5 por ciento.
Ha señalado que la Junta, pese a su desacuerdo con el reparto que se ha hecho del déficit porque el del Gobierno se marca en el 3,5 por ciento, va a cumplir ese objetivo, aplicando las leyes, que no podemos vulnerar, y sin despedir a empleados públicos, sin privatizar ningún servicio público de educación o sanidad y manteniendo como prioridad absoluta la educación.
Respecto a las medidas que afectan a los trabajadores del sector público, que verán reducidas sus retribuciones, Griñán ha reconocido que, sin duda, se trata de una medida "dura" y que él sabe que supone "un enorme sacrificio" para esas personas, que van a tener una minoración en las pagas extraordinarias.
En cualquier caso, ha confiado en que sea posible el acuerdo con los sindicatos a raíz de la reunión de la mesa de la función pública que se celebrará este viernes. Ha recordado que una disposición obligatoria aprobada por Gobierno de la Nación aumenta de 35 a 37,5 horas, sin incremento de sueldo, la jornada semanal de los trabajadores del sector público, algo que si se aplicara tal cual a la realidad andaluza supondría que 30.000 personas perdieran el empleo, la mayor parte interinos.
"Pero no queremos hacer eso, sino mantener el nivel empleo", ha señalado Griñán para justificar las medidas que se han adoptado en relación con las retribuciones de los empleados públicos. Ha apuntado también que con la reducción en un 15 por ciento de la jornada laboral de los interinos se evita que haya despidos en ese colectivo y al mismo tiempo se posibilita que se sigan contratando más al no aumentarse la ratio de alumnos por aula.
"Comprendo que es una medida dura, pero lo que no queremos es proceder al despido de 30.000 empleados públicos", ha señalado el presidente en relación con las medidas que afectan a los trabajadores del sector público.
Ha recordado que esas medidas tienen un carácter temporal y transitorio, de manera que sería importante un compromiso de recuperar el poder adquisitivo perdido en cuanto se empiece a recuperar la economía lo que hace que también se recupere el nivel de ingresos de las comunidades.
En cuanto a la subida del IRPF en un punto que se contempla en el plan para las rentas de más de 60.000 euros, el presidente ha puesto de manifiesto que de los más de tres millones de declarantes que hay en Andalucía, solo el 1,7 por ciento declara ingresos superiores a esa cantidad y se ha preguntado si a esas personas se las puede considerar la "clase media".
Ha señalado que la Junta se ha quedado con un margen de maniobra muy pequeño en relación con el IRPF después de la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de subirlo sin ponerse de acuerdo con las comunidades y haciendo que todo se fuera al Estado.
Sobre el hecho de que el plan contemple que no se iniciarán obras nuevas y la reprogramación de los proyectos previstos, ha indicado que antes de recortar en educación, que es una inversión, hace una carretera de una manera "más lenta".
Respecto al hecho de que la Junta señale que si el actual Gobierno central reconociera los 1.504 millones de euros que se adeudan a la comunidad por inversiones no ejecutadas en los años 2008 y 2009, el recorte hubiera sido menor, el presidente ha señalado que hay una certificación de la Intervención General del Estado que establece esa cantidad como deuda del Estado con Andalucía y ha agregado que él no le pide al actual Ejecutivo que la haga efectiva si tiene problemas de tesorería, sino que descuente esa cantidad del déficit de esta tierra.
Griñán también ha respondido a las críticas del presidente del PP-A, Javier Arenas, al plan económico-financiero, afirmando que los recortes vienen "impuestos en un 90 por ciento por el Gobierno de España" a través de los Presupuestos Generales del Estado y de decretos ley. Ha señalado que cada vez que escucha a Arenas le da por pensar "en ese futbolista que entra violentamente y se tira al suelo como si el que se ha hecho daño es él".
TIENEN QUE ACABAR LAS DUDAS SOBRE ANDALUCÍA
El presidente de la Junta también ha confiado en que acaben ya esas declaraciones del Gobierno de España que ponían en duda la solvencia de Andalucía y que han provocado incluso que haya habido dificultades para colocar deuda. Ha señalado que la misma lealtad que ofrece él al Gobierno central, espera que éste la tenga con su Ejecutivo.
Para José Antonio Griñán, en este duro año de la crisis, ha llegado el momento de los grandes consensos políticos entre todos los partidos e incluyendo a los agentes sociales para fortalecer el valor España. Ha lamentado que los mercados financieros sigan acosando a España, que es "un valor sólido, un país capitalizado, con un capital humano fantástico y que tiene capacidad", algo que entre todos hay que fortalecer.
Ha indicado que el presidente del Gobierno tiene la suficiente mayoría parlamentaria para aprobar todos los decretos que quiera, pero si él "no necesita los votos, España sí necesita todos los consensos".
El presidente también quiere importantes consensos entre los tres partidos con representación en el Parlamento andaluz en torno a temas fundamentales como el empleo; para sostener el sistema de protección social; sobre la financiación autonómica y sobre el modelo de estado de las autonomías.
