POZUELO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Pozuelo aseguró hoy que el Ayuntamiento de la localidad contrató servicios de varias empresas vinculadas a la supuesta trama de corrupción por un importe cercano a los 3,5 millones de euros, según informó hoy la portavoz del partido de la oposición, Eva Izquierdo.
Según la edil, se trata de dos contrataciones con empresas vinculadas a dos de los imputados en la presunta trama, José Luis Ulibarri y Francisco Correa.
Izquierdo afirmó que su formación política ha podido "confirmar" dos contrataciones con empresas vinculadas a José Luis Ulibarri. Según la concejal, se trata de Seralia y Construcciones Begar. A la primera firma se le adjudicó el servicio de ayuda a domicilio, con un presupuesto de licitación de 440.000 euros. A la segunda empresa, se le adjudicaron las obras de construcción del colegio público Príncipes de Asturias, por un importe de 3,15 millones de euros. El contrato con Seralia está fechado en 2008 y el de Construcciones Begar en 2004.
En cuanto a la empresa vinculada a Francisco Correa, Viajes Pasadena, Izquierdo puntualizó que hay un listado de facturas en las que se hizo un "reconocimiento extrajudicial de crédito" por un importe de 1.000 euros.
TRABAJOS DEL BUFETE DE MICHAVILA
Por otra parte, Izquierdo dijo que el despacho de José María Michavila, Eius Abogados, realizó sendos trabajos para el Ayuntamiento de la localidad.
Según la edil, en 2006 se firmó un contrato para realizar dos dictámenes y un asesoramiento jurídico por un importe de 27.000 euros en un procedimiento negociado sin publicidad. A este procedimiento optaron otras dos empresas que ofertaron 30.000 euros y que fueron rechazadas.
Izquierdo relató que Eius Abogados se encargó de defender dos pleitos, uno por la vía de derechos fundamentales y otro por procedimiento ordinario, por la utilización de una zona verde "para fines que no estaban permitidos". Estos fines eran, según la edil, la instalación de la plaza de toros y los recintos feriales.
En cuanto a los informes, se trata del asesoramiento en la elaboración del reglamento de grandes ciudades y la estructura de los recursos humanos en el Consistorio.
"Estos informes, según los pliegos del contrato, podían tener un precio máximo de 12.000 euros, IVA incluido, y hemos sabido que uno de los informes, por la propia contestación que nos dio el concejal de Hacienda, ha costado más de 19.000 euros, por lo que habría un incumplimiento de contrato. En total, todo suma 31.000 euros, cuando el precio de licitación era de 27.000 euros", explicó.
La concejal de la oposición hizo alusión a la entrada en el Ayuntamiento de Francisco Rodríguez García, que en 2006 "formaba parte" de Eius Abogados. "Entró a trabajar como personal laboral, luego fue consejero de Alcaldía, y finalmente fue nombrado director general del Ayuntamiento para temas relacionados con tráfico y movilidad", aseveró.
"Se da la peculiaridad que esta persona entró en el Ayuntamiento en mayo de 2006 y el contrato que se le adjudica a Eius es de octubre de 2006. No sabemos hasta qué punto el hecho de que estuviera esta persona ha sido determinante para que se introduzca el despacho de Michavila en el Consistorio", explicó.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
La portavoz socialista anunció que su formación política estudia pedir una comisión de investigación municipal ante estas informaciones. "Aquí hay mucho que investigar. No nos podemos quedar simplemente con que haya una dimisión. Los hechos que se imputan son gravísimos", afirmó.
Al tiempo, la edil aseguró que el PSOE llevaba "mucho tiempo" viendo cosas "que no eran normales" en el Ayuntamiento. "Llevamos más de 10 años pidiendo la comisión de vigilancia y de la contratación porque veíamos cosas que no eran claras", añadió.
Izquierdo se refirió a la dimisión de Sepúlveda como alcalde de Pozuelo asegurando que "no podía continuar" siendo regidor ante la imputación. Asimismo, lamentó que el nombre de Pozuelo "tenga que verse asociado" a la presunta trama.
Con todo ello, se preguntó "cuántos alcaldes tienen que dimitir" para que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "asuma algún tipo de responsabilidad política" ante este caso.
