La norma que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones preveía que el Tribunal de Cuentas hiciera el informe en 6 meses
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La corriente interna del PSOE, Izquierda Socialista, ha aprobado una resolución por la que reclama al Gobierno que realice la auditoría de la Seguridad Social que preveía la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, aprobada el 28 de diciembre del pasado año. En esta se contemplaba que el Ejecutivo debía de hacer una auditoría en un plazo de seis meses, pero aún no está hecha.
Así está recogido en la ley 21/2021 de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
En su disposición adicional sexta, relativa al informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, se recoge que "en el plazo máximo de un mes desde la aprobación en esta ley el Gobierno encargará la
elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social".
Señala, además que se debía tener "particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".
Esta norma establece un plazo máximo de 6 meses para que el citado informe se eleve a la Comisión del seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. En ella se debía contemplar la
cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.
En la resolución de Izquierda Socialista, a la que ha tenido acceso Europa Press, se precisa que le corresponde al Tribunal de Cuentas realizar este informe. Recuerda en este sentido que éste es el "supremo órgano fiscalizador independiente" de las cuentas del sector público, que por delegación de las Cortes verifican las cuentas del Estado".
Por lo tanto, la citada corriente del PSOE recalca que "es este tribunal la institución habilitada para realizar un informe de fiscalización mediante el examen y contraste de las cuentas parciales de las instituciones de la administración general del Estado y de la Seguridad Social".
Por ello, Izquierda Socialista-Federal ha solicitado que el grupo Socialista en el Congreso y en el Senado, insten al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que "de inmediato" y en cumplimiento de La ley 21/2021 de 28 de diciembre, "que él mismo impulsó y aprobó", encargue al Tribunal de Cuentas la realización de este informe de fiscalización.
En la resolución recuerdan que en el informe deben figurar, no solo los gastos contributivos y no contributivos de la Seguridad Social entre 1967 y 2019, sino también su financiación mediante cotizaciones sociales, y en particular las transferencias, créditos, préstamos etc., y las asignaciones financieras entre la Seguridad Social y la Administración General del Estado.
PETICIÓN EN EL SENADO
La citada resolución de IS es de finales de noviembre y precisamente, esta misma semana, el senador del PSOE Toni Ferrer ha preguntado por este asunto al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez Corujo, durante su comparecencia en la Cámara Alta.
Ferrer aprovechó la presencia de Suárez Corujo para preguntarle "en qué situación se encuentra el informe de auditoría del Tribnal de Cuentas" que preveía la citada Ley y le ha recordado que según las fechas que establecía la misma, que marcaba 6 meses para realizarlo, ya "están fuera de plazos".
El secretario de Estado de Seguridad Social admitió que "hay ese mandato de la ley", dijo que se está realizando y que cuando esté concluido se remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo.
Según señaló, el estudio "viene a poner de manifiesto donde están las debilidades estructurales del sistema de financiación" que, según dijo, se están "corrigiendo a toda velocidad" y apuntó que "por eso es tan importante la implicación directa del Estado a través de la asunción de los gastos impropios".
