El vicepresidente del CGPJ pide al Gobierno y a los jueces un diálogo "máximo" porque lo que lo sufren "son los ciudadanos"
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, aseguró hoy que su organización, mayoritaria en la profesión, continúan con la huelga de jueces prevista para el próximo 8 de octubre ya que considera que el Ministerio de Justicia no ofrece un compromiso presupuestario "real" y "cierto" en el proceso de negociación.
En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Chamorro afirmó que para que "realmente" se lleve a cabo una "modernización" de la justicia sería necesario ofrecer "un dos por ciento" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según explicó, los jueces "no saben" cuáles son las cantidades que "realmente" se van a comprometer para Justicia en el año 2010.
Dicho esto, indicó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está "aprobando planes de refuerzo" que sin embargo "no están acompañados" de un compromiso presupuestario por parte del Ministerio y reiteró su petición de aumentar las dotaciones económicas para "la instrucción de nuevas tecnologías y la creación de órganos judiciales".
"Hemos convocado una huelga siendo conscientes de la importancia que nuestra función tiene para la ciudadanía y, por tanto, tomaremos todas las medidas para que en los días de la huelga los derechos de todos los ciudadanos estén garantizados y haya unos servicios mínimos que garanticen cualquier necesidad de la ciudadanía", remarcó.
Asimismo, el presidente de la APM subrayó que "han aparcado" otro tipo de reivindicaciones de carácter retributivo para pedir una "mejora" en los medios de los que disponen los jueces y magistrados para poder administrar la Justicia.
DERECHO A LA HUELGA
Con respecto a si los jueces tienen derecho o no a la huelga, Chamorro recordó que existe un Decreto del año 1977 que "lo regula" e indicó que han sido los sucesivos gobiernos los que "no han querido afrontar" la regulación jurídica de este derecho de los jueces.
"Es un derecho tan fundamental que está reconocido en la Constitución y en todos los tratados internacionales por lo que difícilmente se comprende que no sea ejercido por todos aquellos que quieran", manifestó.
En este sentido, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, pidió que tanto el Gobierno como las diferentes asociaciones de jueces logren alcanzar un acuerdo y un diálogo "máximo" para evitar que exista cualquier paro en la justicia ya que "quien lo paga son los ciudadanos".
A su juicio, la huelga es la "manifestación de una fractura" por lo que subrayó que todavía "hay un margen de solución" para conseguir, finalmente, trabajar todos en la mejora de la justicia.
