Concluye la investigación de la primera pieza del 'caso Tándem' tres años después de que se iniciaran las pesquisas sobre el comisario
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propone juzgar al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, el comisario Enrique García Castaño y a otras 12 personas entre las que también hay expolicías por la pieza número 2 del 'caso Tándem', denominada 'Iron', por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.
Según el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende la petición de Fiscalía Anticorrupción de finalizar la investigación de esta pieza, la primera en concluirse de toda una macrocausa que desde hace tres años indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario Villarejo y por la que éste se encuentra en prisión preventiva desde hace dos años y medio.
El proyecto 'Iron' reveló un 'modus operandi' en la actividad profesional del comisario y que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el 'caso Tándem', y es que Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.
CUATRO POLICÍAS Y UN FUNCIONARIO DE HACIENDA
El magistrado continúa el procedimiento en esta pieza 2 para Villarejo, su socio en el Grupo Cenyt Rafael Redondo, su mujer Gemma Alcalá, el abogado David Macías; así como los policías ya apartados de sus funciones Enrique García Castaño --quien fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO)--, Antonio Bonilla, Constancio Riaño y Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro.
Asimismo, procesa a los directivos del despacho Herrero y Asociados Francisco Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno, además de al propio bufete como persona jurídica por ser la empresa que habría contratado los servicios de Villarejo para supuestamente espiar a Balder IP Law.
El juez instructor propone juzgar a estas 14 personas y la citada mercantil por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. El auto da un plazo de diez días a Fiscalía Anticorrupción y acusaciones personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
Tal y como expone García Castellón, los hechos parten de la "situación de crisis" de Herrero y Asociados por algo que el despacho consideró como una "competencia desleal", y es que antiguos socios y empleados constituyeron en el mismo edificio el bufete Balder IP Law, con similar "finalidad y objeto social".
En Herrero y Asociados, continúa el auto, "mantenían la convicción de que la empresa rival se estaba sirviendo de antiguos empleados" del despacho para "filtrar información", motivo por el cual cuatro de sus responsables se pusieron en contacto con Villarejo y Redondo para "descubrir mediante los servicios de detectives privados elementos de una posible competencia desleal y de potenciales ataques en seguridad informática".
De todo lo instruido desde que se abrió la pieza, el juez concluye que "la actividad contratada iba mucho más allá" de una mera "prestación de servicios de detectives", ya que se ha podido constatar que Villarejo y Redondo ofertaron a Herrero y Asociados "un servicio dirigido a solventar una 'situación de crisis'" que incluía la "obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado", como tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, relativos a Balder IP Law.
MÁS DE 300.000 EUROS
Para el magistrado, tanto el presidente de Herrero y Asociados, Francisco Carpintero, como sus directivos Andrés Medina, Álvaro Martínez y María Ángeles Moreno contrataron a Villarejo "a sabiendas de su condición de comisario activo" "para que, a través de su entramado societario Grupo Cenyt y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis empresarial" por un precio fijado en "325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito".
De esas cantidades, dice el auto, Herrero y Asociados habría abonado un total de 302.500 euros entre los meses de agosto y septiembre de 2013 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios.
El trabajo prestado por Villarejo habría incluido acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder IP Law, así como a datos de carácter personal y patrimonial de sus fundadores y varios trabajadores así como de un socio de Herrero y Asociados y su esposa. No consta que accediera a sus tráficos de llamadas ni a su servidor informático, "como también habrían pretendido".
Para obtener toda esta información, el grupo de Villarejo habría abonado dádivas a funcionarios públicos que "ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado" con el despacho de abogados "dado su eminente carácter ilícito".
Entre los que habrían cobrado por el trabajo, el juez cita al comisario y exjefe de la UCAO Enrique García Castaño --también investigado en otras piezas de la macrocausa 'Tándem'--, al inspector jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO Constancio Riaño, al subinspector de la UCAO Javier Fernández Pérez, al funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro y a "otros colaboradores de Cenyt en la Tesorería General de la Seguridad Social y en entidades financieras no suficientemente identificados".
Según el auto, la información obtenida sería utilizada "para presentar una denuncia por presunta sustracción de datos informáticos en nombre de Herrero y Asociados" contra los socios de Balder IP Law ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial".
Villarejo, añade el instructor, tendría capacidad de influir para que los denunciados fueran "detenidos y formalmente imputados en un procedimiento penal" en el que se solicitarían "graves medidas" en contra de Balder IP Law. Se trataba, apunta, de que "se diera repercusión mediática a dicha actuación policial y al procedimiento judicial subsiguiente para destruir su reputación como despacho y como abogados competidores".
ARCHIVA PARA TRES POLICÍAS
En su auto, el magistrado archiva la investigación para tres policías --Manuel Novoa, José María Serrano y Juan José Díez Álvarez-- porque aunque consta que entregaron datos reservados de algunos de los perjudicados a sus superiores jerárquicos en la UCAO después de que éstos se lo ordenaran, "no consta suficientemente justificado que recibieran dádivas por ello o que conocieran la finalidad ilícita pretendida con dicho acceso".
Se pronuncia en los mismos términos para César Bilbao, empleado de BBVA del que consta también acreditado que "habría facilitado datos bancarios de carácter reservado" tras una solicitud cursada oficialmente desde la Comisaría General de Información, mientras que sobre el informático Antonio Serrano, que según el plan del comisario jubilado "debía perpetrar un ataque informático" sobre Balder IP Law, el instructor reconoce que "formaba parte del proyecto y del precio pactado", si bien "no consta que se llegase a acometer" el trabajo.
